La Unión Europea pretende el comiso de bienes a su favor, que fueron incautados al sacerdote José Antonio Rubio y a Rubén Ramírez Cataldo, y de esa manera resguardar el resarcimiento económico. Así lo solicitó la abogada Cecilia Pérez, querellante adhesiva.
Los procesados fueron hallados culpables de la perpetración del delito de lesión de confianza, durante la administración del Proyecto Ysakâ. Unos 14 mil millones de guaraníes fueron gastados indebidamente. El proyecto de referencia tenía como objetivo único y principal la realización de pozos y tratamiento de aguas residuales para gente carenciada.
“Nosotros queremos en algún momento utilizar los bienes que fueron incautados a fin de reparar los daños. Creo que no existe otra forma de recuperar los fondos malhabidos. Los bienes que están en poder de la Fiscalía tienen un valor que podría servir en el futuro para recuperar el dinero perdido, pues no existe otra forma”, apuntó la abogada Pérez.
La profesional del foro indicó que la Unión Europea se vio satisfecha con la sentencia condenatoria dictada contra Rubio, Ramírez Cataldo y Sócrates Garcete.
“La comunidad prefirió dejar las cosas como están, atendiendo a lo que implicó llevar adelante el juicio. Nosotros queremos evitar la solicitud de la nulidad ante el Tribunal de Apelación y estamos satisfechos con la pena”, recalcó la letrada.
ANTECEDENTES. Hay que recordar que Sócrates Garcete, ex codirector del Proyecto Ysakâ, al prestar indagatoria ante el Tribunal de Sentencia, dijo que habían entregado un total de 2 millones 500 mil dólares aproximadamente a Rubén Ramírez Cataldo. El objetivo era que este último haga inversiones de alto rendimiento y que luego devuelva con intereses para construir unas 4.000 viviendas. Sócrates cambiaba los cheques y el sacerdote José Antonio Rubio entregaba a Ramírez Cataldo, refirió el indiciado.
Rubio, en reiteradas ocasiones, resaltó que fue engañado por Ramírez Cataldo. Este último niega haber recibido dinero del proyecto.
El expediente será remitido al Tribunal de Apelación, donde los defensores de los procesados intentarán reducir la condena que se les impuso.
El abogado Jorge Bogarín González, defensor de Rubio, en todo momento sostuvo que la pena no se ajustaba a derecho y que Rubio no manejaba el dinero del Proyecto Ysakâ. Incluso, que el reglamento permitía la realización de préstamos.
Sin embargo, la Unión Europea, mediante sus abogados, insistió en que correspondía imponer una condena ya que las donaciones solo eran para la construcción de pozos.
LOS BIENES QUE FUERON DECOMISADOS
Rubén Ramírez Cataldo, luego de abrirse la investigación, entregó al Ministerio Público un automóvil marca Nissan, modelo 1995, y un anillo de esmeralda. Los bienes aún no fueron valuados.
El padre José Antonio Rubio tenía títulos patrimoniales en la financiera La Capital, nominativo y al portador.
“Los títulos no fueron tampoco valuados, pero son millonarios”, según refirió el abogado Claudio Bacchetta.
Rubio y Garcete, como codirectores del Proyecto Ysakâ, fueron sentenciados a 5 años y 6 meses de prisión. Por su parte, Ramírez Cataldo fue condenado a 4 años y 6 meses de reclusión. Los indiciados se encuentran con reclusión domiciliaria.
La Fiscalía a cargo de Victoria Acuña y la querella adhesiva, representada por el abogado Dante Gulino, pidieron 10 años de cárcel para Rubio y Garcete, mientras 6 años para Ramírez, con prisión preventiva, para los tres, en Tacumbú. Sin embargo, el Tribunal entendió que no correspondía la remisión a la cárcel, pues el fallo aún debía ser objeto de estudio ante el Tribunal de Apelación.
La defensa de Garcete también entiende que corresponde la absolución de su cliente.