Los jueces Andrea García Vior y Alejandro Sudera dictaron ayer una medida cautelar solicitada por la central obrera Confederación General del Trabajo (CGT) –la mayor del vecino país– que deja sin efecto los cambios en materia laboral que habían entrado en vigencia el 29 de diciembre.
La semana pasada, la CGT, de inspiración peronista, llevó a cabo una movilización contra el DNU y además solicitó al Poder Judicial que frenara los cambios laborales que el Gobierno quería imponer por decreto. Así mismo, el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, pidió a la Corte Suprema que declare inconstitucional el decreto.
En la víspera, el Tribunal de Alzada dictó una medida que afecta a la aplicabilidad de lo dispuesto en el Título IV del DNU, el relativo al trabajo, resolución que estará vigente hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el caso.
EFECTO NEGATIVO. La reforma propuesta por Milei incluye cambios en los juicios laborales, la extensión de los periodos de prueba en las empresas y la reducción de las licencias por embarazo, entre otras medidas. Además, la reforma laboral también incluye una reducción de las aportaciones y contribuciones jubilatorias, de las indemnizaciones y de multas por registro deficiente de los trabajadores.
Las medidas del decreto de Milei se complementan con las iniciativas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, el segundo día del nuevo Gobierno, el pasado 12 de diciembre, y por la conocida como “ley ómnibus”, con la que el presidente pretende acumular poderes legislativos.
Ahora, los paquetes de medidas económicas del Gobierno argentino cuentan con varios frentes abiertos. El primero, en el ámbito político, donde Milei depende del apoyo de otras fuerzas políticas para sacar adelante sus propuestas.
En segundo lugar, la oposición en las calles, donde ya se han producido movilizaciones. De hecho, el próximo 24 de enero, la CGT ha convocado media jornada de paro general y una gran movilización frente al Congreso.
En el ámbito judicial, donde los recursos de amparo contra el DNU presentados en los tribunales argentinos ya superan la decena.
DEFINICIÓN. La suspensión es una medida provisoria hasta que se discuta la validez del DNU en el Congreso.
Presentado en un contexto de grave crisis económica en Argentina, con una inflación anual que supera el 160% y una pobreza del 40%, el mega decreto de Javier Milei también abre las puertas a la privatización de empresas públicas y deroga leyes de protección a los consumidores contra aumentos abusivos de precios. “El objetivo es comenzar el camino de reconstrucción del país, devolverle la libertad y autonomía a los individuos y empezar a desarmar la enorme cantidad de regulaciones que han detenido, entorpecido e impedido el crecimiento económico en nuestro país”, esgrimió el presidente el 20 de diciembre al dar a conocer el DNU.
En total suman 10 las denuncias realizadas en la justicia a raíz del mega decreto del ejecutivo. Una de ellas acusa a Milei penalmente por “abuso de autoridad” y por “traición a la patria”.
