Las constantes críticas del empresariado y el malhumor ciudadano que va aumentando por los numerosos casos de corrupción, empujaron al Gobierno Nacional a idear un paquete de leyes en busca de reformar el Estado. Así nace el proyecto de servicio civil.
El primer borrador del mismo, dado a conocer por el Ministerio de Hacienda, apunta a un objetivo central: reordenar la función pública y la política salarial.
De acuerdo con la coordinadora del proyecto y directora de Política Macrofiscal de la cartera, Viviana Casco, esta reforma pretende rediseñar la estructura del presupuesto público, separando el anexo de personal de los cargos. Esto, según explicó, permitirá evitar nuevos aumentazos generalizados sin la realización de concursos, como ocurrió en 2019.
Además, prosiguió, se fija la vía del concurso como único camino para el ingreso y la promoción, limitando los cargos de confianza y estableciendo la cantidad de puestos por año en base a la necesidad de crecimiento social y económico, lo que generará previsibilidad en el cálculo del gasto en el mediano plazo.
En un informe emitido hace unos meses sobre el uso de los recursos públicos en la región, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) reveló que el malgasto del Estado paraguayo en salarios estaba en el orden del 1,1% del PIB, lo que actualmente equivale a unos USD 400 millones. Si bien Casco señaló que el Tesoro no tiene un cálculo preciso sobre el ahorro que se podría obtener a partir de esta ley, dijo que lo ideal sería acercarse a las cifras de la multilateral (ver infografía).
Eliminación. La directora de Política Macrofiscal adelantó que otra de las decisiones tomadas por el Ejecutivo es que la Función Pública sea suprimida como una secretaría de Estado y pase a ser una dependencia del Ministerio de Hacienda.
Subrayó que la idea es que la política salarial y de recursos humanos sea llevada adelante por una sola entidad, con mayor peso dentro del Gobierno y líder del Equipo Económico. Así, el Tesoro no solo definirá los topes salariales y limitará el gasto, sino que deberá autorizar nombramientos, contratos y concursos.
Los sindicatos rechazaron el planteamiento
En un encuentro realizado el jueves pasado con el vicepresidente Hugo Velázquez y autoridades de Hacienda, los sindicatos públicos manifestaron su rechazo unánime al borrador del proyecto divulgado por el Ejecutivo.
Los líderes sindicales insistieron en la apertura de una mesa de diálogo para debatir de manera más amplia y modificar articulados que consideraron como ambiguos y que podrían atentar contra derechos adquiridos.
En una nota firmada por todos los gremios presentes que fue entregada a las autoridades, solicitaron que la presentación del proyecto de ley sea postergada hasta 2021.