Las conducciones de los partidos Liberal y Unace impulsan la reconducción tácita para que un ministro del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) continúe en el cargo. Y ello a pesar de que no estará habilitado legalmente para cuando se realicen las elecciones, en abril próximo.<br/><br/>En principio, el actual presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), el senador Blas Llano, negó la posibilidad de una acción semejante. Pero luego se confirmó que, tras hablar con el titular del Unace, buscarán la reconducción tácita.<br/><br/> Con esa estrategia política tratarán de mantener en el cargo al ministro oviedista Modesto Monges, en el máximo Tribunal Electoral. Este ministro, sin embargo, no puede continuar. En el mes de febrero cumplirá los 75 años. Y, por imperio de la ley, automáticamente fenece su mandato.<br/><br/> En la Corte Suprema de Justicia se cumple esta disposición constitucional. Es el precedente rector en nuestra jurisprudencia. Pero, por un supuesto factor tiempo, los dirigentes líbero–oviedistas intentarán infringir la ley. Y con el pretexto de un equilibrio político para la organización de las elecciones generales.<br/><br/> Nada más contrario a la legalidad. Lo que cabe es que el TSJE se complete con un camarista hasta tanto se proceda a la designación de un nuevo ministro. Ello, tras los procedimientos de rigor y las intervenciones respectivas de los órganos jurisdiccionales, incluyendo el previo llamado a concurso.<br/><br/> En el Paraguay debemos aprender a cumplir la ley. Y más estrictamente por quienes tienen la responsabilidad de dictarla y de velar por su observancia. Así funciona una República y tiene vigencia el Estado de Derecho. De lo contrario, y según la sociología política y jurídica, se cae en la anomia: la falta de respeto a las normas.<br/><br/> A esa irregularidad contribuyen nuestros políticos, los acostumbrados a la discrecionalidad. Y ellos son los principales ejemplos de la desobediencia a las leyes en el Paraguay. La acción contraria a las prescripciones normativas y éticas es la escuela que nace del poder y la política. Por eso, no son de extrañar el estado de corrupción y la impunidad.<br/><br/> Pero, en esta circunstancia, es especialmente fundamental que se cumpla lo dispuesto por la ley. Las elecciones generales son una bisagra histórica para salir de nuestra frágil democracia. Hay que entrar en la fase de su consolidación. Lo que dependerá de la legalidad y legitimidad de los sufragios.<br/><br/> Este es el cimiento inicial para instaurar la gobernabilidad, generalmente ya averiada por los intereses sectarios y el poco apego a la estabilidad y la cooperación entre los poderes. En consecuencia, es necesario apuntar a los fines superiores de desarrollo y justicia social.<br/><br/> Además, estas elecciones serán un punto de inflexión para normalizar nuestras relaciones internacionales. <br/><br/>Por donde se mire, entonces, habrá que estar por encima de las complicidades políticas que puedan quebrantar la confianza en el proceso. Lo exige la patria. <br/><br/>Las próximas elecciones generales exigen procedimientos estrictamente ajustados a la ley. Cualquier acción política que viole la legalidad echará dudas sobre sus resultados. Y ocasionará un daño insanable de ilegitimidad. A estos problemas apuntan las dirigencias del PLRA y de Unace al impulsar la reconducción tácita para mantener al frente del máximo Tribunal Electoral a un oviedista con mandato fenecido. Y con el pretexto de un equilibrio político que procedimental y jurídicamente contradice la ley. Esta maniobra, absolutamente ilegal, hay que evitarla. Por el bien de la República y para no empañar la legitimidad de los próximos comicios. <br/><br/>