El estilo de utilización de los recursos públicos en nuestro país desde hace años señala que, a pesar de los ingresos obtenidos, que por cierto son magros, fue impotente para eliminar la pobreza, que sigue creciendo.
El ingreso en el sector público es bien bajo, complementado por el despreciable “derecho” derivado de un concepto de Estado como “botín de guerra”. Actualmente está más allá de toda discusión razonable que la única fórmula para paliar la pobreza es ampliar la producción de bienes y servicios del sector privado.
Este sector de la economía es muy sensible a un ambiente de incertidumbre e inestabilidad institucional política-económica. Estos hechos desactivan la inversión y contribuyen a la depresión. Empresas privadas que bajan sus persianas y pierden decenas de miles de puestos de trabajo.
El patético bajo índice de inversión externa e interna, agravado por el escaso dinamismo industrial, el alto desempleo, la informalidad, la baja productividad, las crisis políticas y sociales y la ineficiencia del Estado, impidió que la economía generara los ingresos necesarios para reducir la pobreza.
Ante esta verdad incuestionable, el Ejecutivo y el Congreso no encuentran una mejor solución que generar subsidios a los sectores más pobres. Una auténtica apuesta a un renovado fracaso.
Si la pérdida de los empleos, el crecimiento de la marginalidad y la agresividad ciudadana, tanto en el campo como en la ciudad, nos hablan de un deterioro creciente del tejido social, obviamente, el entregar dinero sin una contrapartida concreta de prestación por parte del beneficiario solo servirá para recrudecer la falta de disciplina laboral, el compromiso social y el ciudadano.
Creará nuevas avenidas hacia un comportamiento servil y prebendario para que los “señores” feudales del pasado reciente sean sustituidos por nuevos jefes de votos, que solo profundizará nuestro atraso cívico y profundizará el nivel de los índices de pobreza.
Además, los subsidios distribuidos con criterio político en un país con bajo índice de industrialización como el nuestro solo beneficiarán a las industrias extranjeras. Y el dinero distribuido por el Estado jamás tendrá el resultado anhelado, porque no será funcional a la ampliación de la economía ni producirá el tan deseado efecto cascada.
Es mucho más efectivo que el Estado oriente sus recursos hacia obras de infraestructura que incrementen nuestra capacidad productiva y competitiva en un mundo globalizado. Obras que disminuyan nuestros mayores costes por ser mediterráneos, faltos de carreteras, ferrocarriles, silos, etc.
Subsidio sin contraprestación directa es lo opuesto al celebrado keynesianismo, que siempre incorporó el trabajo y la disciplina que ello implica en sus planes de reactivación económica. Cambiar estos principios es mera demagogia, encuadrada en proyectos políticos dispuestos a controlar nuevamente el voto ciudadano y truncar nuestro desarrollo económico y social.
Sin el auxilio de las empresas privadas no se podrá absorber la mano de obra desempleada o subempleada, menos aún la que actualmente es reclutada por el sector público que opera como un genuino seguro de desempleo.