28 mar. 2024

La pobreza debe ser el centro de la preocupación del Estado

El Gobierno acaba de lanzar el Plan Nacional de Reducción de la Pobreza Jajapo. Este proyecto es sumamente ambicioso y pone como ente rector al Ministerio de Desarrollo Social. La pobreza debe estar en el centro de la preocupación del Estado. Es inadmisible que con una economía tan dinámica como la paraguaya y por tanto tiempo, un cuarto de la población se encuentre en situación de pobreza y otra importante proporción de la población esté en riesgo de caer en ella. Esperemos que el plan logre los resultados sumamente ambiciosos que se plantean, lo cual exigirá no solo recursos, sino sobre todo honestidad y compromiso ético y profesional con los objetivos. Es urgente poner en marcha el plan y dotarle de los recursos económicos necesarios y de funcionarios profesionales y honestos. De otra forma será solo un papel más sin contenido real ni resultados.

El documento puesto a disposición de la ciudadanía constituye un importante instrumento para dirigir los esfuerzos y recursos de la actual gestión de gobierno y de los siguientes, ya que la eliminación de la pobreza exigirá un esfuerzo de largo plazo. No es suficiente con sacar de la pobreza a las familias, sino mantenerlas fuera de ella, aun en contextos adversos.

Jajapo busca reducir la pobreza mejorando la calidad de vida, la situación económica y la cohesión social. Estos objetivos son sumamente ambiciosos teniendo en cuenta que en los últimos años muchos de los indicadores en estos ámbitos se han ralentizado e incluso empeorado.

El plan se enmarca, adecuadamente, en otras políticas que actualmente se están implementando, lo cual es de gran relevancia, ya que uno de los grandes desafíos del sector público paraguayo es superar la fragmentación y la falta de integralidad de las intervenciones. Este esfuerzo es necesario para garantizar resultados exitosos y a largo plazo en las familias y para ganar eficiencia.

Ambos resultados, impacto y eficiencia, son imprescindibles en un país en el que el sentido de comunidad y Nación está fuertemente resquebrajado debido a los altos niveles de corrupción en la política y en el servicio civil.

La lucha contra la pobreza puede ser una oportunidad no solo para mejorar los ingresos y la calidad de vida de una parte importante de la población, sino también para darle legitimidad a la política pública y, con ello, al Estado.

Tal como señala uno de los objetivos del plan, lograr cohesión social debe ser una prioridad a nivel nacional y eso solo se consigue con una gestión pública efectiva, en el marco de relaciones y valores democráticos y con la vigencia del estado de derecho establecido en nuestra Constitución.

Los niveles de conflictividad en el campo han sido históricos y en los últimos años han aumentado. La llegada del coronavirus evidenció que la situación no es mejor en las ciudades, con altos niveles de trabajo informal, con bajos ingresos y sin seguridad social.

A esto se agregan establecimientos educativos sin condiciones para proteger a los niños y niñas en situación de pobreza o de alta vulnerabilidad siete meses después de iniciada la pandemia, un sistema de salud precarizado y un casi nulo sistema de protección social que debió improvisar medidas de emergencia ante la inexistencia de mecanismos previos a la crisis.

La eliminación de la pobreza es un imperativo ético y un condicionante estructural del crecimiento a largo plazo. Con el 40% de la niñez en situación de pobreza, excluida de una educación y salud de calidad, no hay ninguna posibilidad de acumular el capital humano necesario para garantizar la fuerza laboral productiva que exigen los mercados competitivos.

La pobreza se constituye en un claro obstáculo para el desarrollo y, debido a que está determinada por persistentes desigualdades, también pone freno a la paz y cohesión social. Es urgente poner en marcha el plan y dotarle de los recursos económicos necesarios y de funcionarios profesionales y honestos. De otra forma será solo un papel más sin contenido real ni resultados.

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