Carla Páez, gerente de la Planta Alcoholera de Petropar, y otros cuatro funcionarios fueron imputados por el fiscal de Delitos Ambientales de Villarrica, Erico Ávalos, por los supuestos hechos de procesamiento ilícito de desechos e incumplimiento de medidas de mitigación. El requerimiento fue presentado con medidas alternativas a la prisión.
En ese sentido, las autoridades de Petropar emitieron una resolución por la cual ordenan el cierre temporal de la fábrica hasta tanto de resuelva el problema.
Funcionarios de la firma estatal se manifestaron ayer frente a la planta contra la imputación. Seis sindicatos de funcionarios en simultáneo y cañeros de varias asociaciones repudiaron el cierre.
Gerardo Parodi, secretario de conflicto de Sitrapar, dijo a Última Hora que se manifestarán de manera indefinida en repudio a la imputación de los funcionarios e indicó que los mismos cumplieron con sus respectivas labores a cabalidad dentro de la estatal y aseguró que en ningún momento se contaminó el río Tebicuarymí.
Parodi hizo un llamado a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, para que se constituya en la zona, ya que alegó dudar del fiscal Erico Ávalos, quien presentó la imputación contra los funcionarios.
En simultáneo se realizó otra manifestación de cañicultores de varias asociaciones para repudiar el cierre de la Planta Alcoholera.
Joel Cardozo, uno de los cañicultores de la zona, indicó que el cierre de la fábrica representa una gran pérdida para todos ellos, ya que la materia prima se está secando, por lo que su valor disminuirá.
