Partidarios y detractores se ocuparán de construir diferentes versiones sobre el juicio político que no fue. Dejaré su disección a los analistas políticos y me centraré en dos cuestiones claves para entender el origen de la crisis.
Hablemos del polémico documento sobre el que se construyó el culebrón político: el acta del 24 de mayo. Es la primera vez que se suscribe un documento como este. En general, cada año, los dos únicos clientes que tiene Itaipú, ANDE y Eletrobras, se reúnen y acuerdan cuánta de la energía que generará indefectiblemente la hidroeléctrica (potencia garantizada) comprará cada uno.
El proceso se complicó en los últimos años porque Itaipú genera, además, una energía excedente que no figura en su estimación oficial y que, por tanto, se vende a un precio infinitamente menor. Como la ANDE es la única que puede decidir cuánta de la potencia garantizada contratará (lo demás lo debe contratar obligadamente Eletrobras), puede también especular con usar mayor cantidad de la energía más barata. Acuerdos recientes le permiten, en el caso de tener picos de demanda, echar mano de la potencia contratada por Eletrobras.
Estas ventajas (minúsculas con respecto a las del Brasil, que se lleva el 90% de toda la energía) irritan a Eletrobras, cuyos técnicos exigen que la ANDE aumente la contratación de potencia garantizada de acuerdo con el incremento de su demanda local. Por el contrario, en los últimos tres años, ANDE congeló la cantidad de potencia contratada, jugándose a cubrir nuestra mayor demanda con la energía más barata. Esta controversia impidió por primera vez que los técnicos de ANDE y Eletrobras se pusieran de acuerdo sobre cuánta potencia contrataría cada compañía. En consecuencia, la negociación tuvo que pasar al terreno diplomático porque así lo establece el acuerdo. Y aquí comenzó el problema.
Los diplomáticos acordaron una suerte de término medio. El acta del 24 de mayo –de cuyo tratamiento final fueron excluidos los técnicos de ANDE– obliga a la compañía a incrementar en un 6% anual la contratación de la potencia garantizada, por los próximos tres años. Es una tasa que sigue estando por debajo del incremento de nuestra demanda, lo que significa que seguiremos haciendo uso de la energía más barata, pero implicará inevitablemente un mayor costo para la ANDE.
Es una decisión polémica, pero no es nueva. Todos los gobiernos incrementaron la contratación de la potencia garantizada, sin que eso hubiera generado una crisis porque se acordaba a nivel técnico. Este acuerdo, sin embargo, tuvo dos condimentos que lo hicieron excepcional.
Lo primero fue que el presidente de la ANDE, Pedro Ferreira, en desacuerdo con lo pactado, renunció coherentemente a su cargo, con lo que la controversia tomó estado público. Lo segundo fue la revelación de un artículo 6, que ANDE pretendía meter en el acuerdo y que finalmente no se incluyó; un artículo que es citado por un tercero en una negociación secreta que salpica nada menos que al vicepresidente paraguayo y al mandatario brasileño.
Se trata de un artículo que habría autorizado a la ANDE a vender en el mercado brasileño hasta una determinada cantidad de la energía que contrata de Itaipú. Es muy ingenuo suponer que Brasil habría aceptado meter en un documento público un artículo como ese, que modifica de facto su interpretación histórica del tratado, según la cual cada socio solo puede comprar la energía que venderá en su propio mercado.
Lo segundo es la revelación de que un joven abogado, José Rodríguez, estaba ofertando, en representación de una empresa brasileña, comprar energía de ANDE y venderla al mercado de Brasil. Según el ahora ex presidente de ANDE, el propio vicepresidente Hugo Velázquez le presentó a Rodríguez como su asesor jurídico; y el abogado, por su parte, le aseguró tener la venia para concretar la operación, gracias a que la compañía pertenece a la mismísima familia del presidente brasileño Jair Bolsonaro. Rodríguez reveló además tener información privilegiada cuando pidió que no se incluyera en el acta –que se estaba negociando al más alto nivel diplomático– el artículo 6, para evitar que la operación se hiciera pública.
En puridad no es traición a la Patria que contratemos más energía garantizada, ni que podamos vender directamente nuestra energía al mercado brasileño; pero la aparición de Rodríguez y sus presuntos vínculos convierten un mero debate técnico en un justificado escándalo político.
