En las condiciones actuales, el penal es una bomba de tiempo que, según advierte el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, puede explotar, acabando todo en algo que después se deba lamentar. De igual forma, el Comité de Tortura de las Naciones Unidas recomendó adoptar medidas urgentes para el tratamiento de los reclusos. A raíz de esto, la ministra de Justicia y Trabajo, Sheila Abed, se reunió con el coordinador de Juzgados Penales de Asunción, Gustavo Amarilla, y decidieron derivar a otras penitenciarías a personas con órdenes de prisión. El penal está al borde del colapso, teniendo en cuenta que la capacidad máxima de la cárcel es de 1.687 personas y actualmente aloja a 3.924 presos; es decir, tiene 2.237 más de lo permitido, manifestó el director de Tacumbú.
“El arquitecto Julio González fue el que aconsejó al Ministerio de Justicia y Trabajo la cantidad de 1.687 reclusos como máximo”, indicó.
Informó que este año 3.000 reclusos fueron trasladados a las cárceles de Emboscada, Misiones, Encarnación, San Pedro, Pedro Juan Caballero, Villarrica y al Penal Industrial Esperanza.
Además, señaló que ellos recibían por día aproximadamente 20 internos y prácticamente esa misma cantidad son los que recuperan su libertad por día.
Nuevo procedimiento. El director de Institutos Penales, Francisco Quiñónez, es el que decidirá dónde trasladar los procesados, tras recibir la resolución por parte de uno de los 13 juzgados penales de Garantías de Asunción.
En la misma resolución se menciona que Quiñónez deberá informar en menos de 24 horas a qué penal será derivado el detenido.