La ciudad boliviana de La Paz intentaba ayer abastecerse de alimentos, que escasean en los mercados hasta el punto de que la Alcaldía organiza una venta para evitar un alza desmesurada de precios, y de combustibles, que el Gobierno interino de Jeanine Áñez importará de Chile y de Perú. En tanto, la Iglesia Católica de Bolivia llamó a un diálogo entre el Gobierno actual y todos los partidos políticos para poner fin a una crisis que se tornó violenta con la muerte de más de 20 personas tras la renuncia de Evo Morales a la Presidencia, hace una semana.
La Alcaldía organizó puntos de venta de carne de pollo a un precio de 35 bolivianos (unos cinco dólares) la pieza, en coordinación con el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras.
Algunos precios de alimentos básicos aumentaron en los últimos días en La Paz, una ciudad de cerca de un millón de habitantes que depende del abastecimiento principalmente por carretera desde otros puntos del país, pero algunas vías llevan días bloqueadas por la protestas que se producen en Bolivia.
CAMIONES PARAGUAYOS. En ese sentido, la Embajada de Paraguay en Bolivia, en coordinación con el Consulado de Paraguay en Santa Cruz, sigue las gestiones para lograr el libre tránsito de los camioneros paraguayos varados en el territorio boliviano. Las autoridades de seguridad del vecino país, atentos a razones de seguridad y a fin de precautelar la vida y los intereses de los paraguayos, recomiendan su permanencia dentro de Bolivia hasta tanto la situación se normalice.
El ministro interino de Desarrollo Productivo y Economía Plural de Bolivia, Wilfredo Rojo, aseguró que se habilitaron puentes aéreos para el abastecimiento de productos de primera necesidad en La Paz y su vecina El Alto.
EXIGEN RENUNCIA. Las protestas en el país mantienen bloqueadas refinerías como la de Senkata, en la ciudad de El Alto, donde partidarios de Evo Morales siguen exigiendo la renuncia de Áñez.
Ayer, la Iglesia, en coordinación con la Unión Europea y Naciones Unidas llamaron a un diálogo para “pacificar el país y consensuar las condiciones de unas nuevas elecciones generales”, mientras las protestas contra el Gobierno interino, liderados por seguidores de Evo Morales, continúan.
Este lunes, el ministro de Gobierno (interior), Arturo Murillo, inyectó tensión al denunciar, sin aportar pruebas, que “un grupo criminal quiere atentar contra la presidenta” Áñez, quien, dijo, tuvo que abortar un viaje al interior del país: “Está en peligro su vida”. “Hay gente, por supuesto, venezolana, cubana, colombiana metida en esto, está el narcotráfico por detrás”, señaló Murillo.
Al menos 23 personas murieron y más de 700 resultaron heridas en los disturbios desde los fallidos comicios de octubre, según datos oficiales.
Cocaleros esperan que se haga justicia
Las familias de los fallecidos y heridos en la jornada más trágica del conflicto que sufre Bolivia esperan justicia y niegan que fueran obligados a participar en una marcha de cocaleros, que derivó en graves disturbios frente a policías y militares. “Nosotros pedimos justicia”, dijo este lunes a EFE una familiar de William Gutiérrez, internado en un hospital de la ciudad boliviana de Cochabamba tras recibir un balazo en el pecho. Lo ocurrido el viernes está bajo investigación judicial entre una polémica por la actuación de las fuerzas del orden desde que asumió el Gobierno provisional, que tras estos disturbios aprobó un decreto que exime de responsabilidad penal a policías y militares si actúan de forma proporcional y en legítima defensa.
