El presidente del bloque de diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, criticó el texto impulsado por un grupo de senadoras oficialistas que el pasado 31 de enero fue enviado a la comisión de Justicia y Asuntos Penales del Legislativo y que de ser aprobado en el Congreso, se integraría al Código Procesal Penal.
“Una nueva idea del kirchnerismo. Con una ley hacen que sea casi imposible que un político corrupto vaya preso. Argumentan la incidencia mediática y la persecución política para dejar sin efecto una prisión preventiva. Traje a medida para la impunidad“, publicó Negri en Twitter.
PLAN. El proyecto restringe los dictámenes de prisión preventiva para imputados por varios motivos, entre ellos la cobertura mediática, de la que afirma que en algunas causas constituyó “auténticos linchamientos públicos” con el objetivo de “obtener resultados políticos”.
En el proyecto se propone que se anule la prisión preventiva en los tipificados como “delitos contra la administración pública” cuando exista la “publicación de contenidos por parte de uno o más medios de comunicación masiva que pudieran haber afectado la percepción pública respecto del principio de inocencia sobre el afectado por la resolución”.
A las críticas se sumó Patricia Bullrich, presidenta de Propuesta Republicana, uno de los tres partidos que integra Juntos por el Cambio y al que también pertenece el ex presidente Mauricio Macri (2015-2019), quien habló de “censura”.
“Esto se llama censura, control de la opinión, destrucción de la libertad de prensa. Esto es un hachazo a la libertad de expresión. Esto no pasará”, publicó Bullrich en Twitter.
Por otro lado, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, utilizó la misma red social para lanzar un mensaje en el que criticó el lawfare (judicialización de la política) que, a su juicio, se produce en el país y dijo “nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos”.
“En los últimos años, el lawfare se instaló en Argentina. Entonces, cuestioné la complacencia judicial y mediática con el poder político que posibilitó la persecución y detención arbitraria de opositores. Nunca más a una justicia que decide y persigue según los vientos políticos”, compartió.
El texto del proyecto de ley presenta otros supuestos para que sea “declarada nula toda resolución judicial que ordene la detención o prisión preventiva” como el “incumplimiento grave de plazos procesales”, “deficiente implementación de las garantías procesales”, “intromisión de funcionarios dependientes del Poder Ejecutivo” e “inobservancia de las normas procesales con fines de persecución política”.