Tras reunirse con la comisión parlamentaria que investiga el caso, Peña Palacios pidió a las autoridades del país que agilicen la investigación de la desaparición de los 43 jóvenes y pidió que se sancione a los responsables y se repare el daño a las víctimas, informó la Cámara de Diputados mexicana en un comunicado.
“Esperamos que lo antes posible las autoridades puedan esclarecerlo, investigarlo adecuadamente, sancionar a los responsables y reparar a las víctimas”, afirmó el representante del organismo internacional.
Peña Palacios explicó a los medios algunas medidas legislativas que se podrían aplicar en México para garantizar que no se repitan estos casos, como la creación de una ley general e integral sobre desaparición forzada de persona y un plan de búsqueda.
Según el funcionario, el asesinato de las personas en Iguala, las heridas causadas a otras y la desaparición forzada de los 43 jóvenes suponen una grave violación a los derechos humanos, además de un reto para las autoridades investigarlo y encontrar a los responsables.
“Nosotros sólo vamos a alentar a las autoridades para que dispongan todos los recursos disponibles para el rápido esclarecimiento de los hechos”, indicó.
Peña Palacios se reunió durante dos horas con los legisladores que forman parte de esta Comisión Especial para dar Seguimiento a las Investigaciones Relacionadas con los Hechos en Iguala.
La noche del pasado 26 de septiembre, un grupo de policías municipales de Iguala disparó sus armas contra estudiantes de la Normal (escuela para maestros) de Ayotzinapa, donde seis personas murieron, 25 resultaron heridas y 43 estudiantes desaparecieron.
Por estos hechos, la Fiscalía federal ha arrestado a 53 personas, de ellos 36 policías municipales de Iguala y Cocula, y 17 miembros del grupo criminal Guerreros Unidos.
Asimismo, las autoridades han desarmado a las policías de otros 12 municipios en Guerrero y uno más en el Estado de México.
Por su parte, los diputados Ricardo Mejía Berdeja, del Movimiento Ciudadano; y Lilia Aguilar Gil, del Partido del Trabajo, coincidieron en que lo ocurrido en Iguala “es un caso de desaparición forzada en términos de la legislación nacional y en materia internacional”.
Afirmaron que las autoridades federales no defendieron a los jóvenes normalistas, ya que “el batallón 27, con sede en Iguala, tuvo conocimiento de los hechos y no actuó con la debida oportunidad”.
También señalaron que hizo falta un protocolo de acción para actuar con la prontitud que demandaba el caso.
