Las burlas y los abucheos que una mayoría de diputados profirió durante la sesión del miércoles, cuando se planteó el tratamiento del proyecto de ley “que abroga la Ley Nº 6112/18 del Fondo de Jubilaciones y Pensiones para miembros del Poder Legislativo de la Nación”, en realidad, fueron burlas y abucheos contra la propia ciudadanía que está cansada de los abusivos privilegios autoconcedidos por los miembros de la clase política, a espaldas de los intereses de los demás pobladores del país, especialmente de las mayorías más pobres y necesitadas.
Tal como era de esperarse, la mayoría de los diputados optaron por patear para adelante el proyecto que busca acabar con la desmedida utilización del dinero público en favor de unos pocos y en contra de muchos. Como lo ha demostrado una reciente publicación de este diario, la jubilación de los legisladores aumentó tres veces más en diez años. En el 2008 un parlamentario se jubilaba con 9.110.999 guaraníes, pero los que se acogen al beneficio desde este año deben percibir 27.058.908 guaraníes.
Las diferencias entre la jubilación privilegiada de los legisladores y la que pueden recibir los ciudadanos comunes son ofensivas. Mientras cualquier trabajador y sus empleadores deben aportar por 25 años al Instituto de Previsión Social, y debe alcanzar la edad de 60 años (límite que incluso algunos sectores quieren aumentar) para jubilarse con montos generalmente reducidos, los congresistas solo deben aportar durante 10 años y alcanzar la edad de 55 años para cobrar una jubilación de más de 27 millones de guaraníes.
A ello hay que sumar que la Caja Fiscal del Congreso se encuentra en déficit, situación que es paliada por los préstamos que pueden realizar los afiliados y los funcionarios permanentes. Esto se genera debido a que son más los jubilados que los aportantes activos y desde el 2004 hasta el 2017, con dinero de los contribuyentes, el Estado paraguayo tuvo que subsidiar con G. 104.000 millones al Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Congreso, con dinero de la ciudadanía. De igual manera, el Estado aporta un 7% a la Caja, ya que la ley así lo establece.
Es lógico que el proyecto presentado por las diputadas Kattya González y Norma Camacho, que pretende eliminar la jubilación vip parlamentaria, cause escozor y roncha entre quienes viven privilegiadamente a costa del dinero del pueblo, pero es una de las tantas modificaciones que se deben realizar para reparar los abusos de la clase política. La burlona decisión de dilatar su tratamiento por tres meses solamente permitirá que crezca y se fortalezca aún más la campaña ciudadana en apoyo a este reclamo. Es de esperar que quienes temen perder sus privilegios contribuyan a encontrar una reparación justa y equilibrada.