Por Enrique V. Cáceres Rojas
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La crisis profunda que nos agobia, acompañada de la fragilidad política reinante, conspira directamente contra el sistema democrático. Entonces surgen atmósferas sociales que minan los sistemas de negociación de conflictos y favorecen las ofertas populistas. A su vez, emergen reacciones antimodernas de distinto signo, que se caracterizan por ser simplistas, esencialistas y unilaterales.
¡Quienes pagan la crisis son los de abajo!, es una afirmación que describe por sí sola el actual estado de injusticia social. A las élites políticas se las observa como corruptas y a la globalización como conspiración de los países ricos para explotar a los países pobres. Y esto se refleja en el paulatino incremento de posiciones nacionalistas extremas, en el descrédito de la opinión pública hacia los gobernantes, en el desprestigio de los partidos políticos y en la volatilidad del voto.
Nuestra incipiente democracia está presionada por el proceso de globalización y por la revolución de la información que desnudan los vicios de los partidos políticos y de los poderes públicos. Y a esta problemática se suman la desigualdad y la exclusión social en medio de una economía criminal generada por el narcotráfico y prácticas extendidas de corrupción que tienen un efecto cancerígeno sobre el funcionamiento del sistema político. La escasa legitimidad de los sistemas políticos y la falta de solidez de su construcción institucional son factores que pintan la realidad del panorama nacional. Y es que existe una demanda ciudadana que pide más Estado, más institucionalidad, más sistemas de justicia y de seguridad ciudadana, más gestión pública.
Pero la extrema debilidad de la oferta pública a esta demanda genera un vacío que frustra el desarrollo y da inicio a un nuevo ciclo de populismo, ya sea de izquierda o derecha, integrista identitario o modernista autoritario.
Es así como la sociedad civil no se articula con el Estado y es reemplazada por una sociedad incivil que paraliza el desarrollo con un nivel de conflicto insostenible. Y no es menos cierto que esta crisis de legitimidad política genera un obstáculo mayor a un camino democrático al desarrollo.
Con este escenario, donde la protagonista principal es una clase política autista, difícilmente se logrará el fin último del ejercicio de la política en democracia: mejorar la distribución del bienestar.
Esta distribución tiene cuatro componentes: el acceso a los bienes de consumo y servicios básicos, la evolución de la pobreza, el acceso a las oportunidades y la distribución del ingreso.
Si la clase política se preocupara por mirar el conjunto del proceso, en sus diversos componentes, podrá apreciar si el bienestar avanza, se estanca o retrocede. Pero ella es irresponsable, e incapaz, está ausente y desconectada de la realidad, y su miopía no le permite observar más allá del ombligo.