En el mes de diciembre de 2022, cuando nos encontrábamos en plena temporada electoral, el Instituto de Previsión Social desembolsó G. 746.616.896 en el rubro de combustibles. Como referencia y para valorar lo que representan estas cifras, se puede mencionar que suponen lo que la Central de Ambulancias del IPS gasta en 13 meses. La cifra de un solo mes es prácticamente el 100% de lo que requirió una dependencia con casi 80 ambulancias operativas en un año y un mes. Recordemos que en el mes de diciembre se habían realizado las internas partidarias.
Es absolutamente reprochable este gasto desmedido e injustificado cuando la previsional no puede cumplir con los servicios mínimos para los asegurados, quienes están hartos de la escasez de medicamentos e insumos tanto para los internados como para los pacientes ambulatorios, así como las eternas esperas para la realización de estudios especializados.
La realidad del IPS, la mala gestión de sus administradores y la falta de respuestas a los asegurados son insostenibles. Mientras un grupo partidario sigue abusando del IPS, cual un barril sin fondo de recursos, los trabajadores –los únicos dueños del Instituto de Previsión Social– soportan humillaciones y sus derechos son cercenados e ignorados a diario.
Es un verdadero viacrucis el que deben padecer para lograr acceder a medicamentos o a una consulta médica.
Uno de los casos más graves se da en el Centro de Diagnóstico e Imágenes del Hospital Central del Instituto de Previsión Social, en el cual el agendamiento para estudios especializados puede resultar casi un imposible. Recientemente, una paciente denunció que recibió un turno para realizarse una necesaria colonoscopía seis meses después de haberlo solicitado. Este procedimiento sirve para diagnosticar enfermedades y posibles anomalías, como, por ejemplo, el cáncer de colon; dicho estudio en el sector privado tiene un costo promedio de más de G. 2.000.000, un monto del que muchos asegurados carecen.
Asegurados a quienes les urgían otros estudios, como una endoscopía, también han denunciado repetidamente que IPS les concede turnos seis y siete meses después. De la misma forma, asegurados que vienen aportando a la institución durante décadas reclaman que las cirugías a las que deben ser sometidos también tienen tiempos de espera de un año, en promedio.
Ahora, a la falta de capacidad de gestión y a los gastos totalmente cuestionables se suma una nueva preocupación. Se trata de las iniciativas de tercerización de los servicios. En estos momentos está vigente un llamado de una licitación para la contratación de servicios médicos desde cirugías hasta análisis de laboratorio en centros médicos privados, por un valor de G. 25.000 millones, que al cambio actual serían casi USD 3.500.000. Inicialmente, el IPS recurría a la tercerización de camas, pero de a poco fue abarcando más servicios, como laboratorio, cirugías y otros procedimientos médicos. La administración, en vez de mejorar la calidad de los servicios, pretende en plena transición a un nuevo gobierno comprometer un gasto desmedido.
Esta situación es inadmisible. La degradación de los servicios y la indolencia de las autoridades del IPS para con las necesidades de sus asegurados son signos alarmantes de la impunidad absoluta de que gozan quienes administran la previsional. Urge por lo tanto un cambio, pues los trabajadores aportantes no se merecen el permanente manoseo por parte de quienes son sus empleados. La situación actual del IPS lesiona los derechos y la dignidad de los aportantes, quienes deben acceder a una atención apropiada y respetuosa.
