En la Ley aprobada para que las 17 gobernaciones reciban USD 1 millón cada una de los fondos de la Ley de Emergencia se establece la obligación de rendir cuentas.
El titular de la Bicameral de Control de los millonarios recursos, Amado Florentín recordó que está claramente estipulado en el artículo 6.
La Ley fue sancionada y promulgada como un apoyo financiero a los gobiernos departamentales para reactivación económica y la ejecución de obras de infraestructura, que generen fuentes de trabajo durante la pandemia.
Sin embargo, de acuerdo al último informe presentado por el senador liberal a sus colegas, quedaron en evidencia unas 9 gobernaciones que no rindieron cuentas sobre el uso de los recursos.
“Establécese que los gobiernos departamentales deberán presentar rendición de cuentas con toda la documentación de respaldo de la ejecución de los fondos recibidos”, señala la Ley que está en vigencia.
En la reunión de la mesa directiva y los líderes de bancada del Senado, el lunes pasado, fue uno de los temas de consulta que se le hizo al contralor Camilo Benítez.
“Estos gobernadores que no rinden cuentas, ¿cuál es la sanción, con la plata que le hemos dado?”, fue el reclamo de Desirée Masi.
Benítez refirió que la sanción consiste en la suspensión de transferencias por parte del Ministerio de Hacienda, y que no hay sanción penal.
Manifestó que las consecuencias son administrativas, y lo que hará la Contraloría es seguir denunciando.
Además, Masi preguntó sobre el seguimiento de las denuncias, o si las mismas quedan en un “ultra freezer”. Cuestionó que no haya un solo gobernador imputado.
“Vemos con preocupación que no termina en imputaciones o condena nuestras denuncias. Tiene razón, lastimosamente escapa de nuestras competencias. Es competencia del Ministerio Público”, remarcó el contralor.
Vemos con preocupación que no termina en imputaciones o condena nuestras denuncias.
Camilo Benítez,
contralor general.