06 nov. 2024

La Justicia en tiempos de escraches

Fernando Boccia Torres – fernando-boccia@uhora.com.py

¿Estaría hoy preso Óscar González Daher, otrora dueño y señor de la ciudad de Luque, si decenas y a veces hasta centenas de personas no se hubieran manifestado en su contra diariamente durante más de un mes? La historia reciente nos demuestra que el Ministerio Público es quizás la única institución que responde a los clamores ciudadanos. No se confunda: Esto refleja una debilidad institucional de la Fiscalía y del Poder Judicial.

La oleada de imputaciones a políticos empezó a finales del 2013, luego de que un torbellino de transparencia revelara con evidencias el festín de nepotismo, tráfico de influencias y excesos de la clase política. Así, miles salieron a las calles a pedir que Víctor Bogado, José María Ibáñez y otros enfrenten la Justicia.

Los estudiantes de la UNA tuvieron que tomar la universidad para forzar una reacción de la Fiscalía, que efectivamente encontró otro festival de corrupción, con una repartija de rubros docentes a planilleros y familiares. Así, Froilán Peralta y otros –muchos de los cuales ya reconocieron los delitos– terminaron procesados. De todos estos casos, ninguno siquiera llegó a un juicio oral.

Hoy, una cantidad importante de ciudadanos organizados va detrás de otros políticos, como Carlos Portillo y Miguel Cuevas. El método consiste en ir hasta sus casas, obligarlos a enfrentarlos donde no quieren, obligarlos a que los escuchen. Algunos congresistas en la mira de la Justicia ya se acercaron a los manifestantes, para evitar ser los próximos. Salyn Buzarquis, imputado por su gestión en el MOPC, pidió a los escrachadores que le dejen demostrar su inocencia con documentos.

Nadie puede alegar sorpresa ante esta última expresión del hartazgo ciudadano. La impunidad de la clase política en este país es ofensiva: En los últimos cinco años más de una docena de parlamentarios –entre diputados, senadores y parlasurianos– fueron imputados por actos de corrupción y ninguno de ellos aún fue sentenciado. Y he aquí un dato que demuestra la efectividad de los escraches: De once congresistas que empezaron este periodo parlamentario con causas judiciales en su haber, tres ya renunciaron –González Daher, José María Ibáñez y Jorge Oviedo Matto– por la enorme presión ciudadana. Ante la imposibilidad de la clase política de depurarse y el sometimiento de la Justicia, la única manera de lograr este saneamiento fue a través de la presión popular. Al renunciar, Oviedo Matto expresó lo que sus otros colegas callan: “El que diga: ‘A mí no me afectan los escraches frente a mi casa’, está mintiendo”.

No obstante, los peligros son evidentes: Ni fiscales ni jueces deberían responder a otros mandatos que los propios. Si es necesario un mes de manifestaciones, marchas y escraches para que la Justicia haga lo que tiene que hacer, ¿qué clase de Justicia recibimos? Un verdadero estado de derecho no debería funcionar así. Existen políticos corruptos hasta la maceta que pueden arrear a multitudes para repudiar a sus contrincantes, escracharlos en sus casas y negocios. De hecho, ya vimos algunos casos.

La indignación ciudadana es más que entendible y los resultados de las manifestaciones organizadas son loables. Sin embargo, necesitamos de fiscales y jueces independientes, que se muevan por evidencias y convicciones propias, no por el temor de una tormenta cívica frente a sus casas. El único camino es que el Poder Judicial termine con la impunidad política. Hoy, la Justicia tiene una brillante oportunidad de hacerlo.

Más contenido de esta sección
Las ventas al público en los comercios pyme de Argentina cayeron un 25,5% interanual en febrero pasado, golpeadas por la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores a causa de la elevadísima inflación, y acumulan un declive del 27% en el primer bimestre del año, según un informe sectorial difundido este domingo.
El mandatario decidió crear el fondo nacional de alimentación escolar esperando un apoyo total, pues quién se animaría a rechazar un plato de comida para el 100% de los niños escolarizados en el país durante todo el año.
Un gran alivio produjo en los usuarios la noticia de la rescisión del contrato con la empresa Parxin y que inmediatamente se iniciaría el proceso de término de la concesión del estacionamiento tarifado en la ciudad de Asunción. La suspensión no debe ser un elemento de distracción, que nos lleve a olvidar la vergonzosa improvisación con la que se administra la capital; así como tampoco el hecho de que la administración municipal carece de un plan para resolver el tránsito y para dar alternativas de movilidad para la ciudadanía.
Sin educación no habrá un Paraguay con desarrollo, bienestar e igualdad. Por esto, cuando se reclama y exige transparencia absoluta en la gestión de los recursos para la educación, como es el caso de los fondos que provienen de la compensación por la cesión de energía de Itaipú, se trata de una legítima preocupación. Después de más de una década los resultados de la administración del Fonacide son negativos, así como también resalta en esta línea la falta de confianza de la ciudadanía respecto a la gestión de los millonarios recursos.
En el Paraguay, pareciera que los tribunales de sentencia tienen prohibido absolver a los acusados, por lo menos en algunos casos mediáticos. Y, si acaso algunos jueces tienen la osadía de hacerlo, la misma Corte Suprema los manda al frezzer, sacándolos de los juicios más sonados.
Con la impunidad de siempre, de toda la vida, el senador colorado en situación de retiro, Kalé Galaverna dijo el otro día: “Si los políticos no conseguimos cargos para familiares o amigos, somos considerados inútiles. En mi vida política, he conseguido unos cinco mil a seis mil cargos en el Estado...”. El político había justificado así la cuestión del nepotismo, el tema del momento.