El escándalo del pago de sobornos en la petrolera estatal brasileña está conmoviendo los cimientos mismos de la política del vecino país. Y no es para menos ya que, según informan los medios de comunicación, el caso implicaría la pérdida de miles de millones de dólares en corrupción. Es decir, dinero del pueblo que ha ido a parar a manos de políticos y funcionarios venales.
En medio de esta debacle moral, la Justicia del Brasil ha dado ejemplo de actuación transparente y sin consideraciones de ninguna índole, hace unos días dio a conocer la lista del medio centenar de políticos vinculados al “caso Petrobras”, en la que figuran personeros tanto del oficialista Partido de los Trabajadores y altos funcionarios del Gobierno, como exponentes de la oposición. Causó conmoción, por ejemplo, que los propios presidentes del Senado, Renan Calheiros, y de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, integraran la vergonzosa nómina.
Los incluidos en la lista están ahora siendo investigados pormenorizadamente por el Tribunal Supremo, que decidirá próximamente si los imputa o no, según se pruebe fehacientemente que se beneficiaron del esquema general de corrupción que permeaba todas las estructuras de la petrolera pública.
Existen, además, investigaciones en curso de la Justicia brasileña contra grandes consorcios constructores. Hechos de los que deberíamos interiorizarnos acabadamente, tanto desde el ámbito de la Cancillería Nacional como del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, a fin de evitar que esas firmas vengan a operar en nuestro territorio.
En todos los casos, la conducta del máximo tribunal brasileño merece ser destacada, ya que conlleva un decidido esfuerzo por producir el saneamiento de la actividad política en el vecino país. En el nuestro, cabe que la Corte Suprema de Justicia y el Ministerio Público tomen nota de dicho comportamiento, emulándolo incluso, de forma tal a demostrar un mínimo de esmero por poner fin al extendido reinado de corrupción e impunidad imperantes, que está pretendiendo convertir a la República del Paraguay en amparo y reparo de los delincuentes de toda laya.
Desafortunadamente, en nuestro país es tan ostentosa y desembozada la influencia del poder político en el ámbito del Poder Judicial, con ministros de Corte y jueces puestos única y exclusivamente al servicio de los mandamases de turno, que es muy escaso el margen que queda para suponer que una actitud similar a la del Supremo brasileño podría replicarse aquí.
Queda, sin embargo, la esperanza de que un mínimo interés por recuperar la credibilidad perdida lleve a los ministros de la Corte Suprema a emprender acciones tendientes a reducir los escandalosos niveles de impunidad que hoy por hoy están vigentes en nuestro país.