EFE
En un escrito, el juez federal Julián Ercolini designó a una interventora con las funciones de “información, administración y recaudación” en la compañía, dedicada al negocio inmobiliario, y cuyos accionistas son Florencia y Máximo, hijos de los expresidentes Néstor Kirchner (2003-2007) y Cristina Fernández (2007-2015).
El magistrado justificó su decisión en que, tras la renuncia de los directores de Hotesur a finales del año pasado, ya iniciada la investigación judicial, el consejo de administración se encontraba “acéfalo y vacante”.
Hotesur gestionaba un hotel de lujo en la turística localidad de El Calafate, en el sur de Argentina, en el que, según la acusación, empresarios adjudicatarios de obra pública durante los mandatos de los Kirchner contrataban habitaciones que luego quedaban vacías, en un proceso que se investiga si formaba parte de un presunto retorno de dinero público a las arcas del matrimonio presidencial.
Por esta investigación, en 2016 la Justicia también embargó los USD 4,66 millones que contenían las cajas de seguridad propiedad de Florencia, así como USD 1,03 millones de una cuenta bancaria y 53.280 pesos (unos USD 3.100) de otra, un dinero que ella dijo que era producto de la herencia de su padre y de la cesión de gananciales que efectuó su madre.
