Imposible que su presencia en el juicio oral a Óscar González Daher pasara desapercibida. Y no porque su rostro fuera muy conocido. De hecho, casi nadie lo había visto antes. Pero estaba sentado al lado de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, cuya asistencia a estas audiencias también era inusual. La curiosidad periodística fue saciada enseguida, pues el enigmático observador tenía especial interés en que se supiera quién era. Y lo logró, pues los principales diarios del país lo pusieron en tapa: era Brian Skaret, agregado de Justicia de la Embajada de los Estados Unidos.
No había márgenes para otras interpretaciones. El Gobierno de ese país deseaba hacer saber de modo inequívoco al del Paraguay que tenía los ojos puestos en el juicio por corrupción a quien ya había catalogado como “significativamente corrupto”.
La Embajada no quería que se repitiera la farsa montada a fines del año pasado cuando al ex senador colorado le impusieron un castigo irrisorio por el delito de tráfico de influencias desde el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados. Ni él, ni su locuaz secretario, Raúl Fernández Lippman, ni el abogado Carmelo Caballero tuvieron penas carcelarias. La técnica utilizada para la impunidad fue la de siempre: “errores e inconsistencias” de la acusación fiscal que constreñían a los jueces a aplicar medidas benévolas.
Lo hemos visto tantas veces que lo naturalizamos. Vivir en el reino de la impunidad genera acostumbramiento. Pero, por lo visto, a los yanquis no. Y enviaron a míster Skaret a sentarse entre el público para hacérnoslo saber. Era inevitable no darse cuenta. Los defensores del acusado supieron enseguida que aquel extraño espectador no auguraba nada bueno.
Muchos aplaudieron la noticia de que los jueces se supieran observados. Quizás, decían, así se atrevan a impartir justicia, incluso cuando sus fallos afectaran a un poderoso. Así debería ser siempre, pero solo ocurre por excepción en Paraguay. En verdad, solo en dos circunstancias: cuando el caso cae en el juzgado de alguno de los pocos magistrados íntegros o cuando alguno no tan honesto siente que está siendo vigilado, por lo que su prevaricato podría costarle caro.
Solo que, más allá de nuestras aspiraciones de justicia, esto puede considerarse como presión sobre un juez y hasta como injerencia en asuntos internos de otros países. El juicio es público y cualquiera puede concurrir, pero el asesor legal de la Embajada norteamericana no es cualquiera. En una columna reciente, Raúl Ramírez Bogado expuso la incoherencia de apoyar este tipo de actos en un caso y denunciarlo como imperialista en otro. Dicho esto, hay que decir que lo humillante es que tenga que venir un diplomático extranjero a supervisar un proceso porque nuestro sistema judicial no es confiable para nadie. Tenemos un Estado secuestrado por la corrupción y dominado por mafias de todo tipo.
A muy pocos sorprendió que una mayoría de diputados -34 colorados y 14 liberales- sancionaran un proyecto de ley que excluye a tabacaleras y clubes deportivos de los controles de la Seprelad. Se sabe que ambos ámbitos son típicos del lavado de dinero.
Pocos se escandalizan con la indiferencia con la que actúa la Fiscalía en la infame corrupción de la Gobernación de Central pese a que, día tras día, aparecen nuevos datos del robo del dinero destinado a enfrentar la pandemia.
El PLRA, principal partido opositor, envía en una terna para consejeros de la Dibén al ex diputado Carlos Portillo, expulsado por tráfico de influencias. ¿Es el mejor candidato que pueden elegir? ¿Se diferencian en algo de los colorados de Ciudad del Este que eligieron a Ulises Quintana como candidato?
Por eso, hay que incluir el contexto para comprender la condescendencia de tanta gente con la presencia del señor Skaret en el juicio. Cuando las instituciones juegan a favor de los corruptos y la presión ciudadana no tiene la fuerza para cambiarlo, una injerencia de afuera no indigna tanto.