Un importante sector de los docentes representa en este momento para el Gobierno cartista una prueba de hierro de cómo el Estado debe o no resolver conflictos y de qué manera tiene que atender a la población, sin importar a qué sector pertenezca.
Comencemos aclarando algunos puntos, para seguir el razonamiento. Podemos tener alguna disidencia con ciertos mecanismos, métodos o modos en que los maestros encararon su lucha, pero lo que no podemos es desconocer que esta es justa y legítima; así como tampoco podemos desconocer que la huelga es legal, a pesar de lo que diga la ministra Lafuente o lo que haya dicho su antecesor del espurio gobierno franquista, Horacio Galeano Perrone.
A estas alturas, la razón que originó la medida de fuerza, que duró casi 1 mes, se invisibilizó por la intencional discusión introducida por los agentes del Ejecutivo para desviar el foco, llevando el caso a una discusión de cuánto perjudica o no la medida de fuerza a la educación de los niños y jóvenes; cuando que sabemos que la insuficiente inversión del Estado en este derecho –por decisión de gobiernos descomprometidos– es lo que realmente provoca estragos en todos los niveles.
Una mejor jubilación en términos económicos y justicia en algunos criterios para ese beneficio son lo que pedían-piden. Los gobernantes –incluidos legisladores y Ejecutivo– fallaron en contra.
Ya durante la huelga y aún después, la actitud del Ministerio de Educación, entiéndase el Poder Ejecutivo, no fue realmente la de buscar una sincera salida negociada al problema. Antes que insistir y persistir en el diálogo, fue directo a la confrontación. Pidió la calificación judicial de la medida y amenazó. En la relación laboral, el Estado es el empleador, por lo que en la correlación de fuerza, el trabajador –el docente– es el débil, el que está en desventaja.
Ahora sobreviene la imposición de descuento salarial a más de 18 mil, muchos de ellos no adheridos a la huelga; lo que a su vez abre nuevo camino a una paralización de actividades docentes en protesta.
¿Esto era tratar de dar un escarmiento a través de la persecución y enturbiar más el ambiente o no? Lo concreto es que el MEC es ahora responsable de lo que se viene. ¿Qué pretende el Gobierno? Precisamente buscar la paz social y la continuidad regular de las clases, no. Eso se ve claramente.
Hoy, la Justicia determinará si la huelga fue o no ilegal. La tendencia es favorecer la posición más impopular y al mismo tiempo injusta; con lo que también habrá más conflicto.
Todos aprendimos a escribir y leer gracias a los maestros. ¿Es ilegal reclamar para ellos una vejez segura y digna?