Hace meses que las autoridades del Gobierno están negociando la rescisión de los contratos del fallido proyecto Metrobús, tanto con Mota Engil (Portugal) como con DC Ingeniería SA-Stiler SA (Uruguay y Paraguay). Sin embargo, hasta ahora no pudieron poner un punto final a la desdeñada historia.
El titular del MOPC, Arnoldo Wiens, y el procurador general, Sergio Coscia, simplemente no brindan respuestas a las dudas de la ciudadanía sobre el tema. Seguramente ya les cansa, puesto que ni siquiera denunciaron a los responsables del fiasco que heredaron.
¿Qué es lo que se negocia? ¿El Estado tendrá que abonar el reclamo de las contratistas? ¿Por qué no se define el caso en un arbitraje? ¿El Estado recuperará los millonarios anticipos que pagó a las empresas? ¿Qué pasó con la auditoría que Wiens ordenó realizar en su momento? Son solo algunas de las preguntas que esperan respuestas.
Mientras tanto, los tuiteros de Obras Públicas están más preocupados en publicar las hazañas heroicas del ministro en las fangosas rutas del país o de que las familias paraguayas dejen de ver la serie Game of Thrones para visitar las iglesias restauradas. Pero el tema de la comunicación es otra historia.
Volviendo al tema del Metrobús, según señalan algunos expertos, ambos contratos fueron preparados para proteger los intereses empresariales y no del país, lo que está dificultando la rescisión definitiva. Empero, lo que llama la atención es el hermetismo que rodea a las negociaciones con ambos consorcios.
En el caso de Mota Engil, no terminó ni la mitad de las obras de los tramos 2 y 3 (Mariscal Estigarribia y Eusebio Ayala), pero abandonó las obras aludiendo una imposibilidad de avanzar por los retrasos en la liberación de la franja de dominio.
¿El simple abandono de las obras no es causal de una rápida rescisión? Al parecer no, pero todos fuimos testigos de las lágrimas del ministro Wiens que denunció mediáticamente este hecho.
La firma portuguesa, además, había cobrado más de USD 10 millones en concepto de anticipo –20% del monto del contrato inicial de USD 54 millones– antes de iniciar los trabajos, pero de dicho monto apenas certificó obras por unos USD 4 millones durante el periodo de ejecución, por lo que debe devolver unos USD 6 millones al Estado paraguayo. ¿Devolvió estos recursos?
En total, Mota percibió USD 23 millones y no culminó ni la mitad del corredor del Metrobús. Asimismo, la firma extranjera tiene intenciones de lograr otro desembolso de USD 18 millones, por los supuestos costos adicionales que le generaron los retrasos en la liberación de la franja.
Respecto al caso de DC Ingeniería SA y la uruguaya Stiler SA, que debían encarar las obras del tramo céntrico del Metrobús (tramo 1), el grupo cobró G. 18.205 millones (USD 3 millones al cambio actual) en concepto de anticipo, pero nunca avanzó con las obras. Percibió el 20% del monto del contrato, que es por USD 22 millones.
Como la firma local DC Ingeniería siempre estuvo vinculada con el actual canciller Luis Castiglioni, también hay dudas de la objetividad de los negociadores para el cierre del contrato. En este caso no hubo obras, pero ya se adelantó que se pagará por el diseño que elaboró la contratista.
En un tema tan sensible como el proyecto del Metrobús, las autoridades deben cuidar los intereses del Estado y transparentar las negociaciones con las contratistas, informando paso a paso sobre el avance de estas.
Hay que poner un punto final a esta carga, que afectó a varios frentistas y denunciar a los responsables de las pérdidas sufridas por el país.
Asimismo, a esta altura, la nueva administración ya debía contar con un plan B para solucionar la problemática del transporte público. Existen varias alternativas, pero la cuestión es ejecutar estas obras de forma rápida y eficiente.
