“Esperamos que paren estas injusticias en la frontera porque siguen asesinando a gente”, denunció en una entrevista con Efe Bernardo Hernández Rojas, hermano del mexicano fallecido y de viaje en Washington para pedir ayuda a la CIDH, un organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En la denuncia, expertos en derechos humanos de la Universidad de California en Berkeley (EE.UU.) afirman que, desde 2010, los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) han matado a casi 50 inmigrantes desarmados y ciudadanos estadounidenses en la frontera entre Estados Unidos y México.
El caso de Anastasio Hernández ha alcanzado especial repercusión y ha suscitado el reclamo del Gobierno de México, que expresó su “más enérgico rechazo” en noviembre de 2015 a la decisión de EE.UU. de no presentar cargos penales contra los agentes fronterizos responsables de la muerte del mexicano.
Entonces, el Departamento de Justicia de EE.UU. dio por válida la versión de los agentes de que el uso de la fuerza fue “necesario” para contener al mexicano.
Anastasio Hernández, de 42 años e indocumentado, fue detenido el 28 de mayo de 2010 por los agentes de la CBP, quienes le propinaron puñetazos y patadas y le dispararon con sus pistolas “Taser”, destinadas a paralizar a los detenidos cuando muestran resistencia mediante descargas eléctricas.
El incidente quedó evidenciado en dos vídeos capturados por testigos y desde entonces la familia del indocumentado no ha parado de pedir que los responsables de su muerte sean juzgados.
La CIDH evaluará ahora si acepta o no la petición de la familia de Anastasio Hernández, padre de cinco hijos y cuyo caso se ha convertido en todo un emblema para quienes aseguran sufrir la violencia de la patrulla fronteriza de Estados Unidos.
