“Venimos a decirle a las autoridades que la familia quiere que la Fiscalía proceda con cargos criminales al oficial Jorge Mercado o que, en el menor de los casos, sea suspendido sin pago hasta que la investigación finalice”, dijo a Efe Jorge Estomba, del “Comité por la Justicia para Israel ‘Reefa’ Hernández”.
Una vez conocidos los resultados de la autopsia, que vinculan la muerte del joven de 18 años con la descarga eléctrica, el portavoz de la asociación de amigos del joven exigió hoy justicia y reparación para la familia.
Con gritos de “Arresten a Mercado”, sus amigos terminaron una rueda de prensa que organizó este comité por segunda vez al frente de la oficina de la fiscal estatal de Miami-Dade, Katherine Fernández Rundle.
Siete meses después de la muerte del joven de 18 años, este comité también protestó por la “filtración” la semana pasada de algunos datos de la autopsia.
“La ley estipula que la única persona que puede tener la autopsia es la Fiscalía hasta que la investigación sea culminada de forma oficial”, criticó Estomba.
Sin embargo, la semana pasada varios medios publicaron algunos de los resultados preliminares de la autopsia, según los cuales el joven murió “accidentalmente” de un “fallo repentino del corazón” como consecuencia de la “descarga del dispositivo de energía”.
El comité, que se ha quejado durante varios meses de que la Fiscalía “no ha cooperado” con el caso, cuestionó que estas filtraciones buscan, entre otras cosas, sugerir que Hernández había consumido otras drogas prohibidas distintas a la marihuana.
“Si había algún tipo de sustancia de droga en el sistema, el examinador médico nunca me lo dijo y yo le pregunté específicamente... es una situación muy rara, contradictoria”, precisó Estomba
Israel Hernández, padre del joven, no acudió hoy a la rueda de prensa, pero dijo a través de Estomba que continuarán “presionando a la Fiscalía” para la detención de Mercado.
La Fiscalía confirmó hoy a Efe que la autopsia ya está terminada, pero que aún están a la espera del informe del médico forense.
En agosto de 2013, la familia Hernández presentó una demanda en contra de la ciudad de Miami Beach por “negligencia”.
Por otro lado, Estomba anunció que a esta demanda se va a sumar próximamente una acción “ante el Departamento de Justicia, de forma tentativa por violación de derechos humanos, violación de derechos constitucionales y obstrucción de justicia”.
Tras conocerse que Hernández-Llach falleció de un paro cardíaco al recibir un disparo con Taser, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Florida pidió una reforma de las políticas de uso de estas pistolas por la policía.
“Se ha demostrado que el Departamento de la Policía de Miami Beach utilizó una fuerza excesiva y desproporcionada que, finalmente, causó la muerte del joven”, señaló ACLU.
El 6 de agosto de 2013 un agente de la Policía sorprendió a Hernández-Llach pintando un grafiti con un aerosol en una pared en Miami Beach. El joven, al verse descubierto, echó a correr y se inició la persecución.
Según la Policía, tras una corta persecución, el joven acabó tendido en el suelo por un disparo con Taser. El muchacho fue transportado a un hospital, donde se certificó su muerte.
La Policía mantiene que el agente que le disparó actuó de acuerdo con el reglamento sobre personas que se resisten al arresto, pero los padres del colombiano han dicho desde el primer momento que su hijo no era una persona peligrosa, no estaba armado y no suponía una amenaza.
