Opinión

La deuda social que arrastran las municipalidades

Susana Oviedo Por Susana Oviedo

La historia actual de Ángel Ramón Domínguez, el niño cuyo nacimiento fue considerado un milagro atribuido a María Felicia de Jesús Sacramentado, Chiquitunga (beata paraguaya), es la misma que toca vivir a cientos de jóvenes en todo el país, sin ninguna opción para buscar una salida. El chico cayó en la adicción a las drogas. Encima, consumiendo una muy destructiva, como el crack.

Ángel reside en una distante zona de la periferia de la ciudad de San Pedro del Ycuamandyyú, donde cualquiera pensaría que está a salvo de las drogas. Pero no es así. La abuela que lo cuida pide desesperada alguna ayuda para salvar a su nieto que ya no es aquel que quería seguir sus estudios y trabajar, dice.

El tema me remite a una imagen de años atrás que no se me borra hasta hoy. Una mamá parada impotente frente a los barrotes de una celda de comisaría, en la zona del Bañado Sur de Asunción, hasta donde llevó a su hijo adolescente que horas antes había intentado hacerse daño al no poder acceder a su dosis de crack. La mujer lloraba e intentaba calmar al hijo desde el otro lado del calabozo, mientras el muchacho gritaba que ya no aguantaba estar allí y rogaba por ayuda para afrontar el tormento de la abstinencia.

Como otras madres, la suya había buscado un lugar donde llevarlo para desintoxicarlo, pero el único que existe en Asunción, el Centro Nacional de Prevención y Tratamiento de Adicciones, al menos entonces, estaba saturado y con una larga lista de espera de chicos.

Frente a situaciones como estas, ¿qué ofrece la municipalidad en cuyo territorio se encuentra el barrio donde crecen tus hijos, donde van a la escuela o al colegio? Poco o nada, es la respuesta.

En realidad, todo lo que tiene que ver con las demandas y problemas sociales no representa prioridad para los gobiernos municipales, salvo en contadísimas administraciones hoy.

Esta semana se dieron a conocer datos alarmantes sobre los casos de abusos infantiles en el país. La representación del Estado más cercana a los ciudadanos son las municipalidades.

De hecho, a impulso de organizaciones de la sociedad civil, se había logrado incorporar la creación de las Consejerías de la Niñez y la Adolescencia (Codenis). Por años, este servicio que pasó a ser parte del organigrama de los gobiernos locales, estuvo destinado a pagos políticos. Los intendentes designaban allí a algún correligonario o partidaria que le apoyó durante la campaña electoral. Por lo tanto, no ha sido un área especializada en los derechos de la infancia. Espero que haya cambiado esto y que le estén destinando fondos suficientes para orientar y asistir a los diversos casos de vulneración de derechos de niños y adolescentes que se están dando.

Las programas sociales, como los que existían en la Municipalidad de Asunción, en algún momento, fueron desapareciendo. Y es que las administraciones municipales, por lo general, destinan más recursos a pago de salarios que a atender y mejorar la calidad de vida de los habitantes de la comunidad.

Cuando hablamos de consumo de drogas tenemos que preguntarnos qué opciones ofrecen los municipios al segmento joven de su población. Qué espacios para recreación sana crean y mantienen. Cuántas competencias deportivas, en diferentes disciplinas, así como académicas, culturales y en ciencias organizan por año. Cuántas guarderías tienen y qué otros programas destinados en apoyo a las madres y los niños disponen. En qué medida están trabajando en los barrios en temas como prevención de los abusos sexuales en niños o del consumo de drogas.

Gran parte de estos servicios y acciones pasan porque la administración municipal asuma una cogestión con el Gobierno Central. Demanda que haya voluntad para buscar soluciones a los problemas acuciantes de sus municipios. Falta una mirada más social y menos electoralista a las autoridades municipales. Falta, en realidad, mucha vocación de servicio y menos negociados.

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