Uno de los casos más emblemáticos en la lucha ciudadana a favor de la transparencia y en contra de la corrupción pudo tener ayer un importante desenlace, cuando una mayoría de miembros de la Cámara de Senadores decidió que el senador colorado del sector cartista, Víctor Bogado, pierda finalmente su investidura y sea expulsado del órgano legislativo por haber cometido tráfico de influencia y haber recibido una condena judicial.
Bogado se convierte así en el segundo senador destituido en los últimos años ante escándalos de corrupción. El anterior fue el senador colorado Óscar González Daher, también del sector cartista, quien estuvo envuelto en casos de tráfico de influencia desde su cargo como presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), entre otros delitos revelados en audios de conversaciones telefónicas grabadas. Además, otros dos legisladores, el diputado José María Ibáñez, del movimiento Añetete de la ANR, y el senador Jorge Oviedo Matto, del Partido Unace, prefirieron renunciar a sus cargos antes que ser destituidos, también ante la comprobación de estar implicados en casos de corrupción.
La expulsión del ahora ex senador Víctor Bogado adquiere gran importancia, ya que su caso se había vuelto un claro ejemplo de impunidad, demostrando cómo se puede trabar un proceso judicial, al igual que un proceso político en el Congreso, con base en numerosas chicanas presentadas por sus abogados en Tribunales, como al respaldo de aliados en el Poder Legislativo y en el ámbito político, hasta que la incansable movilización de los grupos ciudadanos en contra de la corrupción logró que existan definiciones.
En octubre de 2013, medios periodísticos sacaron a luz el caso de Gabriela Quintana, señalada como la niñera de los hijos del senador Víctor Bogado, quien sin embargo desde 2008 cobraba un salario como asistente del entonces diputado colorado, cuya firma avalaba en las planillas la presunta labor de la mujer en la institución, mientras la misma prestaba servicios particulares. En marzo de 2013, Quintana fue además contratada en la entidad binacional Itaipú. Bogado solicitó que la funcionaria sea comisionada por Itaipú en la Cámara de Diputados, obteniendo de este modo una doble remuneración, situación prohibida en la Constitución.
Desde entonces, una constante movilización ciudadana reclamó sanción contra el legislador. En noviembre de 2013, un grupo de 23 senadores lo salvaron de ser desaforado, despertando una intensa campaña de repudio en sectores ciudadanos, con locales comerciales y centros gastronómicos que negaban el ingreso a los 23 “senarratas”, como se los denominó a nivel popular. Aun así, Bogado logró impedir sanciones, hasta que en mayo de este año su caso fue a juicio oral y el mismo fue condenado, junto a Gabriela Quintana, por cobro indebido de honorarios en calidad de coautores, aunque quedaron absueltos por el delito de estafa. Bogado fue sentenciado a un año de prisión, mientras que Quintana a un año y seis meses. No obstante, ambos se beneficiaron con la suspensión de la condena y no irán a la cárcel.
El castigo logrado ayer solo ha sido posible ante la presión ciudadana. Es otra victoria en la lucha contra la corrupción, lección que debe ser tenida en cuenta por la desprestigiada clase política.
