Para los periodistas paraguayos, este no es en realidad un día de celebración. Hace 32 años, en la frontera con Brasil, en la ciudad de Pedro Juan Caballero, cayó asesinado por las balas de sicarios el periodista Santiago Leguizamón. El crimen fue considerado, de hecho, como un mensaje por parte de la mafia a todo el periodismo. Santiago era corresponsal del Diario Noticias, propietario de la Radio Mburucuyá y director de Mburucuyá Revista; también fue corresponsal de los diarios Última Hora y ABC Color, y del Canal 13. Además, se hizo muy conocido por sus reportajes sobre corrupción, contrabando, narcotráfico y lavado de dinero. Antes de que los sicarios segaran su vida ya había recibido amenazas.
Desde aquel ominoso día poco ha cambiado en cuanto a la seguridad y garantías para el ejercicio del trabajo periodístico. Para setiembre del 2022 ya sumaban una veintena de periodistas asesinados.
Para Lourenço Leo Veras, Eduardo González, Gerardo Servián Coronel, Antonia Maribel Almada, Pablo Medina Velázquez, Édgar Pantaleón Fernández Fleitas, Fausto Gabriel Alcaraz, Marcelino Vázquez, Carlos Manuel Artaza, Merardo Alejandro Romero Chávez, Martín Ocampos Páez, Alberto Tito Palma, Ángela Acosta, Samuel Román, Yamila Cantero, Salvador Medina Velázquez, Benito Ramón Jara, Calixto Mendoza y Humberto Coronel, los periodistas paraguayos asesinados en los últimos 32 años, la justicia también se ha mostrado esquiva.
Exactamente como el ejemplar caso de Santiago Leguizamón, por cuyo asesinato la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó a Paraguay y estableció una serie de reparaciones. El fallo declaró al Estado paraguayo como responsable de la violación de los derechos a la vida y a la libertad de pensamiento y expresión, además de la violación de los derechos a las garantías judiciales y de protección judicial en perjuicio de la familia del periodista.
En este sentido, se debe reclamar mayor compromiso por parte de las instituciones del Estado, particularmente las que están encargadas de garantizar la seguridad de los trabajadores de la prensa: Policía, Fiscalía y Justicia tienen la obligación de asegurar condiciones de seguridad para los periodistas, en especial aquellos que cumplen tareas en zonas de frontera. Las medidas de protección y prevención son necesarias y no pueden ser consideradas un privilegio.
Otra forma de amenaza que, lamentablemente, ha ganado impulso son las campañas y los discursos de odio en contra de los trabajadores de prensa. Un ejemplo es el caso de la reconocida comunicadora Menchi Barriocanal, quien fue hostigada en las redes sociales y su número de teléfono hecho público, lo que dio paso a una serie de amenazas contra ella. La periodista inició la querella a Juan Vera, quien presuntamente difundió su número de teléfono personal e instó a las personas a amedrentarla. El ataque de Vera se debió a que Menchi defendió un convenio con la Unión Europea, mediante el cual se accede a millonarias donaciones para el ámbito educativo, pero cierto sector de la sociedad cree que busca instalar la ideología de género. El juicio oral y público sigue actualmente en desarrollo.
Es labor de los periodistas informar, interpretar, analizar, contextualizar y con frecuencia también confrontar al poder. El ejercicio libre del periodismo es una garantía no solamente contra los autoritarismos, sino en la actualidad una absoluta necesidad contra la tendencia a la impune difusión de noticias falsas.
Para la democracia, la libertad de prensa debe ser sagrada, y necesitamos un permanente recordatorio de que sin un periodismo independiente no puede haber democracia.