Ni las acusaciones de presuntos vínculos con personajes del antiguo círculo de corrupción montado por el exasesor Vladimiro Montesinos, ni el impacto de la crisis financiera internacional han golpeado tanto a la gestión de Humala como el embate de las bandas de asaltantes de bancos, secuestradores y sicarios pagados, por lo general, por el narcotráfico.
Las encuestas son claras al respecto, pues sitúan la desaprobación a Humala en un promedio de 61 %, una cifra que se justifica, principalmente, en las críticas ante la inseguridad ciudadana.
Para la mayoría de los peruanos, el gobernante ha incumplido el compromiso que hizo durante la campaña presidencial de las elecciones del 2011 y no ha logrado controlar las acciones de la delincuencia.
Existe, además, un componente de desilusión ya que muchos consideraron que Humala iba a imponer una “mano dura” contra los delincuentes por ser un comandante retirado del Ejército, con experiencia en la lucha contra el terrorismo.
Todo esto a pesar de que es innegable que el Gobierno ha aumentado el presupuesto para la Policía Nacional, a la que ha dotado de modernos patrulleros, e impulsa una reforma en el servicio de los agentes para aumentar el número de efectivos en la vigilancia callejera.
Sin embargo, nada parece detener a las bandas de delincuentes, que en los últimos días han pasado a la ofensiva con gran atrevimiento al asaltar a ciudadanos en los bancos e ingresar a grandes centros comerciales con armas de guerra.
Los analistas consideran que el repunte que se aprecia en estos actos delictivos muestra la otra cara del crecimiento económico del país, en donde el gran avance de la clase media ha hecho que las bandas armadas empleen métodos más sofisticados y violentos, y se multipliquen por todo el país.
Esto es muy notorio en la ciudades de la costa norte, principalmente en Trujillo, Chiclayo y Piura, cuyo repunte económico también ha atraído a sicarios y a bandas dedicadas a extorsionar, bajo amenazas de muerte, desde empresarios a ciudadanos comunes y corrientes.
Uno de los mejores termómetros sobre el impacto de la delincuencia en el Gobierno se tiene cuando poco menos más de dos años y medio de gestión, Humala ha tenido cinco ministros del Interior, incluido el abogado Walter Albán, quien asumió el cargo en noviembre pasado tras un escándalo por la protección irregular que le daba la Policía a un empresario vinculado con Montesinos.
Antes, y desde que Humala asumió la presidencia, en julio de 2011, han ocupado esa cartera Óscar Valdés, Daniel Lozada, Wilver Calle y Wilfredo Pedraza.
Al asumir el cargo, Albán aseguró que su principal objetivo será mejorar la seguridad ciudadana y “crear confianza” entre la población.
El pasado jueves, el ministro anunció la implementación de un plan multisectorial que buscará eliminar progresivamente la modalidad de servicio policial de “24x24", que implica un día de trabajo continuo por otro de descanso.
Esto, en la práctica, implica que los agentes no descansen nunca ya que es muy común que ante el bajo sueldo de perciben dediquen sus días libres a brindar servicios de seguridad en establecimientos privados.
Albán ha asegurado que el plan para mejorar la seguridad ciudadana involucra la participación del Gobierno central, los gobiernos locales y regionales, así como organizaciones de la sociedad civil.
En medio de las críticas, y a la espera de resultados concretos que permitan controlar a la delincuencia, el Gobierno peruano reitera que el problema de la inseguridad ciudadana es una de sus prioridades y que solo será exitoso si el Estado y la sociedad civil unen esfuerzos.
