La acción de inconstitucionalidad presentada por el ex contralor Enrique García, que busca evitar la publicidad de las declaraciones juradas de bienes y rentas de los funcionarios públicos, aún queda por resolver en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, donde fueron recusados varios ministros. Esta decisión sentará la jurisprudencia definitiva respecto a si se dará a conocer públicamente o no dicho requisito constitucional.
El abogado y director del Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA), Ezequiel Santagada, explicó que, pese a otras decisiones a favor de parte de Juzgados y Tribunales de Apelación, será la Corte la que definirá el tema, pero primero debe resolver las recusaciones.
“Podemos hablar de jurisprudencia el día que la Corte ratifique la sentencia de la Sala Primera del año pasado y la de la Sala Segunda. Tenemos hoy dos precedentes importantísimos, pero no es una clara tendencia jurisprudencial hasta que la Corte no rechace la inconstitucionalidad presentada por la Contraloría... La madre de todas las batallas se va a librar en la Corte Suprema”, manifestó.
RECUSACIONES. Santagada detalló que presentaron varias recusaciones ante la Corte Suprema de Justicia, considerando que la solicitud original contemplaba las declaraciones juradas de los propios ministros de la Máxima Instancia judicial.
El propio Antonio Fretes se inhibió del caso y los ministros recusados son Myriam Peña Candia, Gladys Ester Bareiro de Módica, César Garay Zuccolillo y Luis María Benítez Riera.
Por ello, primero los ministros deben resolverse dichas recusaciones antes de integrarse la Sala y tratar el tema de las declaraciones juradas.
“La Sala Constitucional de la Corte lo hará cuando terminen de resolverse las recusaciones, después deberá girarse el expediente a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez”, dijo.
Explicó que lo que correspondería es que los nuevos ministros u otros jueces integren la Sala Constitucional y resuelvan el caso, y que lo interesante es que la decisión se transmitirá en vivo, según lo establece la Ley 6299/2019.
