El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Martínez Simón, informó a los ministros, reunidos en sesión plenaria de éste miércoles que el Consejo de Superintendencia ordenó la realización de una auditoría al Juzgado de Paz de Villa Elisa.
Manifestó que la decisión incluye, de igual manera, la auditoría de los sistemas de circuito cerrado instalados en el local y su funcionamiento o falta del mismo.
La disposición del Consejo de Superintendencia ordena, además, la instrucción de un sumario administrativo a la magistrada Zoraida Olguín para la averiguación, comprobación y esclarecimiento de supuestas irregularidades atribuidas a la misma, luego de un incidente ocurrido dentro de la sede del Juzgado de Paz de Villa Elisa y que fuera filmado por profesionales abogados.
El sumario administrativo se dispone con base en las facultades previstas en el artículo 4° de la Ley 609/95, “Que Organiza la Corte Suprema de Justicia”, y atento a las disposiciones de la Acordada 709/2011.
En ese sentido, se designa como juez instructor al abogado Mario Elizeche, actual superintendente general de Justicia interino e interventor.
Versión de la actuaria
Este martes se divulgó un video en el cual se observa una discusión entre la actuaria del Juzgado de Paz de Villa Elisa, Emilce Mabel González, y la jueza Zoraida Olguín.
Emilce González manifestó que se desempeña como actuaria desde hace cuatro años y como funcionaria desde hace bastante tiempo y que nunca tuvo ningún tipo de inconveniente con nadie.
“Esta jueza interina desde un principio vino con una desconfianza hacia mí, no me explico realmente porqué, siempre me he desempeñado con absoluta seriedad en mi trabajo y no entiendo porqué ella actúo de esta manera conmigo”, expresó en conversación con C9N.
Manifestó que muchísimas personas la llamaban diciéndole que se cuide, porque la jueza le quiere sacar de ahí para traerle a su gente.
Dijo que en una ocasión conversó con la magistrada y le dijo que deben ser un equipo para trabajar conjuntamente desde muy cerca y le preguntó si era cierto que la quería sacar del cargo a lo que la jueza no le contestó nada.
Contó que este martes recibió un escrito de un expediente de un juicio oral realizado el 22 de julio pasado porque su trabajo es recibir todos los escritos que presentan los abogados y que la jueza le reclamó el porque recibió el documento.
“En ese escrito la abogada solicitaba copias de grabaciones del día del juicio oral más registros de personas que van al Juzgado, tenemos un libro de registro y quería hacer una copia de eso”, expresó.
Explicó que en el juicio oral, la magistrada llevó a una persona desconocida, no asignada por la Corte Suprema de Justicia, que actúo en ese momento como dactilógrafo, de nombre Juan Carlos Rubén Ruiz Díaz.
“La abogada dijo que no era un funcionario, que nunca le vio y por eso solicitó informes en Recursos Humanos, donde llega el informe que dice que el muchacho no corresponde a la nómina de funcionarios y, entonces, ese es el problema que la jueza no quiere que salga a la luz y por eso se exaltó demasiado porque recibí ese escrito”, relató.
Afirmó que ella le dijo a la jueza que debía poner la identidad de esta persona que actúo de dactilógrafo y que la magistrada supuestamente le dijo que no lo haga y que coloque el nombre de un funcionario, a lo que ella se negó.
Aseveró que por haber recibido el escrito y por haber dicho que colocaría la identidad de la persona que participó del juicio y que no es funcionario, la jueza le dijo que prescindió de sus servicios y que le puso a disposición.
Manifestó que ella tenía cámaras de seguridad que mandó instalar de su dinero y para su mayor seguridad, porque no tiene nada que ocultar, y que en este momento esas cámaras ya no funcionan porque la jueza le prohibió seguir usándolas.
Versión de la jueza
Por su parte, la magistrada Zoraida Olguín manifestó que asumió el cargo como jueza interina en el Juzgado de Paz de Villa Elisa el 9 de julio pasado y desde ese momento encontró varias irregularidades en el Juzgado y pidió a la Corte Suprema de Justicia una auditoría general, porque se mencionaba una gran cantidad de expedientes que ella no veía.
Con respecto a la situación registrada este martes, contó que se había apelado una causa y que el Juzgado ya había concedido la apelación y cuando sucede esto el Juzgado pierde competencia.
“Los actuarios deben saber esto, y esta chica seguía recibiendo escritos. Entonces le dije: ‘mirá, estos expedientes ya teníamos que haber remitido’ porque el Juzgado ya no tenía competencia. La abogada presentaba escritos y ella le recibía. Yo le dije: ‘esto ya se apeló, ya se consiguió la apelación y tiene que remitirse ya, entonces porqué recibiste este escrito, igual podés agregar, pero ya no se le puede providenciar’ y eso fue un poco la situación que ocurrió”, explicó.
Consultada sobre la persona que no es funcionario y participó del juicio oral y público de dactilógrafo, la jueza dijo que “es una gran mentira” y que todo consta en actas.
“Dactilógrafo ya no se utiliza, porque eso se graba. Ya nadie hace como antes, de tipear. Eso es una gran mentira y ella está delatando que ella delegó sus responsabilidades”, acotó.
Afirmó que Juan Carlos Rubén Ruiz Díaz no estuvo en el juicio oral como dactilógrafo y que no le conoce, insistiendo en que tampoco estuvo ese día en el juicio.
“Ella dice que tenía cámaras que yo le obligué a sacar, eso es una gran mentira, porque resulta que ella tenía toda la clave y no me quiso dar, por eso le dije que retire las cámaras y que yo iba mandar a poner otras. Cuando yo llegué le dije que me facilite la llave del Juzgado que estaba sucio desde el techo, para que yo me vaya a limpiar, ella no me facilitó”, expresó.
Por último, dijo que “hay infinidades de cosas” que suceden en el Juzgado que deben ser investigados y que ya comunicó a la Corte Suprema de Justicia.
