En la resolución, la Corte menciona que en la acción de inconstitucionalidad promovida por el senador Bogado se manifiesta que “los errores improcedentes que afectan el pronunciamiento hasta autorizarían que esa Sala Constitucional disponga la nulidad del auto impugnado para así restaurar el debido proceso, imprimiendo el trámite que el Código Procesal Civil prevé para la acción de inconstitucionalidad instaurada”.
Sin embargo, el Art. 17 de la Ley 609/95 establece que “las resoluciones de las salas o del pleno de la Corte solamente son susceptible del recurso de aclaratoria y, tratándose de providencias de mero trámite o resolución de regulación de honorarios originados en dicha instancia del recurso de reposición, no se admite impugnación de ningún género, incluso las fundadas en la inconstitucionalidad”, explica el documento.
no es posible. Es decir, que el ex legislador pretendía que una sala de la Corte revise lo dictado por otra sala del mismo órgano. Ello no es posible, según aclararon en el fallo, ya que “no existen jerarquías de salas en esta Corte Suprema”.
La resolución fue firmada por los ministros César Diesel y Alberto Martínez, a más del camarista Giuseppe Fossati, ante la inhibición de los otros siete ministros.
El ex legislador colorado había planteado la inconstitucionalidad en contra del acuerdo y sentencia dictado el 15 de octubre y su aclaratoria del 22 de octubre del 2019, por la Sala Penal de la Corte.
En el juicio oral, le habían condenado por cobro indebido de honorarios, junto con su ex niñera, Gabriela Quintana Venialgo. En el caso también absolvieron al coprocesado Miguel Ángel Pérez.
Los jueces habían condenado a un año de encierro a Bogado, pero la sentencia fue suspendida a prueba, donde el mismo debía pagar la suma de G. 20 millones por el plazo de 2 años, con lo que la suma total era de G. 480 millones.
Entre las instituciones a ser beneficiadas se encuentran el hogar de ancianos Santa María de la Encarnación, Asociación Síndrome de Down del Paraguay y la Asociación Hijas de la caridad de San Vicente de Paúl.
El caso que involucra al ex legislador llegó a las instancias judiciales después de seis años de la apertura de la investigación. Gabriela Quintana percibía dos salarios del Estado, uno de la Cámara de Diputados, que Bogado, su jefe entonces presidía, y otro de la Itaipú Binacional. La investigación detalla que la conocida como niñera de oro llegó a cobrar G. 71 millones en la Cámara de Diputados.
El político refirió que, en los dos años y medio de presidencia en la Cámara Baja firmó alrededor de 1.500 pedidos de comisionamiento y rechazó otros 2.500.