14 jul 2026

La Corte Penal Internacional paraliza el proceso contra el líder rebelde Lubanga por falta de garantías

La Haya, 16 jun (EFE).- Los jueces de la Corte Penal Internacional (CPI) han paralizado el juicio contra el líder rebelde de la República Democrática del Congo (RDC) Thomas Lubanga por falta de garantías para que el proceso sea justo.

En un comunicado hecho público hoy, la CPI informó de que el juicio, cuyo inicio estaba previsto para el 23 de junio, “ha quedado paralizado”.


El líder rebelde de la República Democrática de Congo Thomas Lubanga, en una vista ante la Corte Penal Internacional. EFE | Ampliar imagen

La Corte celebrará una audiencia el próximo 24 de junio para “considerar la libertad” del acusado, como ha solicitado la defensa.

Los jueces basan la decisión de paralizar el proceso en que la fiscalía no ha facilitado al acusado determinados documentos confidenciales, con lo cual “se le han restringido las oportunidades de preparar su defensa” adecuadamente.

La CPI explicó que se trata de unos 200 documentos que la fiscalía “acepta que tienen un efecto exculpatorio” y que fueron obtenidos de “proveedores de información, como las Naciones Unidas, bajo el compromiso de no revelar su contenido”.

Los jueces consideran que los fiscales han “interpretado de forma errónea” el artículo 54 (3)(e) del Estatuto de Roma, según el cual la fiscalía puede recibir información de forma confidencial que no será usada en el juicio, con el propósito de utilizarla para obtener nuevas pruebas.

La semana pasada, la CPI informó de que el juicio a Lubanga “no empezaría el próximo 23 de junio”, pero no especificó las razones de esa decisión.

La defensa de Lubanga pedirá el próximo 24 de junio la libertad sin condiciones para el presidente del grupo rebelde Unión de Patriotas Congoleses (UPC), al que la CPI acusa del reclutamiento militar de niños menores de quince años en la localidad congolesa de Ituri entre julio de 2002 y diciembre de 2003.

La CPI, que se puso en marcha en julio de 2002, funciona bajo la jurisdicción que le otorga el Estatuto de Roma y se creó para juzgar a individuos sospechosos de haber cometido crímenes de guerra y lesa humanidad, incluido el genocidio.