Por Jorge Torres Romero
La secretaría general de la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), con sede en París, certifica que el Estado paraguayo se comprometió a aceptar el laudo final dictado por este tribunal.
El 7 de febrero de 2007 se emitió la certificación en París, en la que señala que la empresa Grupanor Cercampo SA y el Estado paraguayo asumieron el compromiso de respetar cualquier laudo que dicte el Tribunal Arbitral. Sin embargo, el presidente Nicanor Duarte Frutos ordenó al procurador general de la República, Nelson Mora, presentar un recurso ante los tribunales paraguayos contra el laudo arbitral, que, según el Gobierno español, por su definición es inapelable.
Grupanor Cercampo SA es una firma española que demandó al Estado paraguayo el 24 de enero de 2005, ante la CCI, por incumplimiento de contrato, y el 1 de mayo de 2006 este tribunal condenó a nuestro país a pagar a la empresa cerca de US$ 3 millones, en concepto de indemnización por el daño emergente e indemnización por el lucro cesante.
El procurador aclaró que nuestro país presentará una demanda de nulidad del fallo arbitral ante los tribunales paraguayos y recordó que sigue vigente una medida cautelar dictada también por la Justicia local.
A criterio del abogado Juan Ernesto Villamayor, representante legal de la compañía española, el fallo es inapelable, teniendo en cuenta que el Estado paraguayo se comprometió a respetar la decisión del Tribunal Arbitral.
SEGURIDAD JURÍDICA. El Gobierno español remitió una carta al director gerente de Grupanor Cercampo SA, en la que afirma que dicho antecedente y la postura asumida por el Paraguay representan una de las razones por las que en la actualidad no mantiene ningún programa financiero con nuestro país. Agrega, incluso, que existe una enorme preocupación ante la grave situación, en términos de seguridad jurídica.
Pero, pese a aquella determinación del Gobierno de España, Duarte Frutos tiene marcada en su agenda una visita a la Península Ibérica para el próximo 7 de mayo, con el fin de canjear una deuda y atraer inversionistas españoles al Paraguay.
Según Villamayor, con la actitud asumida por el Gobierno de ignorar un fallo internacional, se está dañando considerablemente la imagen del país y el mensaje que se lanza a la comunidad internacional es que en Paraguay no existe seguridad jurídica.
Antecedentes
La empresa Grupanor Cercampo SA había ganado el 27 de junio de 2000 una licitación pública internacional para los suministros destinados al Proyecto de Mejoramiento del Sector Lácteo y Agropecuario, en el marco de una cooperación hispano-paraguaya. El Poder Ejecutivo, vía decreto, aprobó el resultado de la licitación y autorizó la firma del contrato entre el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y la empresa adjudicataria.
La firma llegó incluso a entregar una garantía a favor del Ministerio de Hacienda, de US$ 549.034, en concepto de fiel cumplimiento del contrato.
En la administración de Nicanor Duarte Frutos se dicta un decreto en el que se objeta el proyecto, por recomendación del Ministerio de Hacienda.