12 feb. 2025

La Corte hizo lugar a pedido de la EBY para no ser auditada

La Sala Constitucional hizo lugar a la suspensión de los efectos de los artículos 1, 2 y 3 de la Ley 6763/2021, que dispone el procedimiento de control, vigilancia y fiscalización de las Entidades Binacionales Itaipú y Yacyretá, hasta tanto sea resuelta la acción de inconstitucionalidad planteada por ambas hidroeléctricas.

La Sala Constitucional está conformada por César Diesel, Alberto Martínez Simón y Víctor Ríos.

Desde la Contraloría General de la República habían informado que ni la Itaipú ni Yacyretá rindieron cuentas sobre el uso que les dieron a los recursos denominados Gastos Sociales. Yacyretá había presentado su informe correspondiente al 2020 mientras que Itaipú ninguno.

La incertidumbre es si en realidad irán los gastos sociales de este año exclusivamente para salud, según la ley aprobada en el 2021, ya que se teme que los recursos sean utilizados para las internas partidarias de este año por parte del oficialismo colorado.

Las binacionales no rindieron cuentas sobre el uso que se les dio a los recursos del año 2021, pese a que la ley señala que “el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Hacienda, remitirá un informe bimestral detallado a la Contraloría General de la República y a la Comisión Bicameral del Congreso, de carácter transitorio, para el control de los recursos”.

La ley en cuestión es la 6729, “que destina los recursos en concepto de responsabilidad social empresarial, socioambiental y cualquier otro fondo social, sea cual fuese su denominación, de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá correspondientes al lado paraguayo, sean utilizados íntegramente para la compra de insumos médicos, materiales de bioseguridad para el personal de blanco, infraestructura hospitalaria y protección social mientras dure la pandemia del Covid-19”.

Analizando. Desde el Ministerio de Hacienda están analizando la reglamentación de la ley para poder organizar los recursos y tener los montos, además de referenciarla al presupuesto. Actualmente no se tiene información de cuánto será destinado a los efectos de la normativa.

Se calcula que lo generado en concepto de gastos sociales de las binacionales anualmente supera los USD 150 millones, en tanto que G. 135.000 millones fue lo que Yacyretá rindió a la Contraloría sobre el uso de gastos sociales del 2020. Un remanente de USD 30 millones fue lo destinado de los gastos sociales a Salud en el año 2021.

El año pasado, luego de que se aprobara que estos recursos debían ir en su totalidad a Salud, desde las binacionales informaron que la mayor parte del presupuesto ya estaba comprometido y solo quedaba un remanente escaso.

El año pasado, el asesor jurídico de la EBY, Juan Carlos Duarte, y el jefe financiero, Arnaldo Fernández, hicieron entrega de los documentos respaldatorios de los gastos sociales correspondientes al ejercicio 2019 a la Contraloría.