El presidente de la CNE, Jose Luis Exeni, anunció en rueda de prensa que “continúa la administración del proceso de referendo para el 10 de agosto”, tras rechazar la Sala Plena del organismo electoral la orden de suspensión planteada por la única magistrada que queda en el Tribunal Constitucional (TC).
El presidente de la CNE, Jose Luis Exeni, anunció que “continúa la administración del proceso de referendo para el 10 de agosto”. EFE | Ampliar imagen
Con esta decisión, se ratifica que Bolivia celebrará el próximo 10 de agosto un referendo para decidir la continuidad o revocación del mandato de Morales, de su vicepresidente, Álvaro García Linera, y de ocho de los nueve prefectos, ya que la indígena quechua Savina Cuéllar queda fuera porque fue elegida hace poco en Chuquisaca.
Sin embargo, la determinación de la CNE se produce en medio del aumento de los pronunciamientos contra la consulta, entre ellos los de varios legisladores conservadores, el de la única magistrada del TC, Silvia Salame, y del prefecto de Cochabamba, el opositor Manfred Reyes Villa.
Jerónimo Pinheiro, uno de los tres vocales que quedan en activo en la CNE y cuya presencia es imprescindible para que en el órgano electoral haya quórum, emitió hoy en Sala Plena un voto disidente y no respaldó la decisión de llevar adelante el referendo.
Otras voces discordantes se han planteado en las cortes departamentales de Chuquisaca, Tarija y Pando, regiones en las que hay fuertes movimientos opositores a Morales.
“Compartimos y nos sumamos a la preocupación de las cortes departamentales electorales”, dijo Exeni, quien además anunció que la CNE se reunirá el próximo miércoles y jueves con los nueve órganos regionales.
Por su parte, el vicepresidente García Linera, en un discurso pronunciado en un encuentro de intelectuales de izquierdas europeos y latinoamericanos que llegaron a La Paz para apoyar a Morales, recordó a los presidentes de las cortes departamentales que “tienen la obligación de acatar y de cumplir la ley”.
García Linera insistió en denunciar que quienes se oponen al revocatorio participan en una “campaña de conjura en contra de la democracia”.
“En el fondo quienes se oponen están asestando una dura puñalada a Bolivia”, agregó el vicepresidente.
La consulta revocatoria fue convocada de forma repentina en mayo pasado por el Senado, controlado por la alianza conservadora Poder Democrático y Social (Podemos).
Los senadores “podemistas” aprobaron el texto de convocatoria al referendo tal y como había sido propuesto en diciembre por Morales, como salida a la crisis política que vive el país y que enfrenta al proyecto de refundación constitucional del mandatario con la oposición autonomista de varias regiones.
Argumentaron entonces que así evitaban que se convoque el referendo sobre el proyecto de Constitución que impulsa el oficialismo, porque aseguran que el derecho boliviano impide más de una consulta nacional en un año.
La norma aprobada por el Senado y promulgada después por Morales establece que serán revocadas las autoridades que reciban en contra una votación igual o superior al porcentaje y al número total de sufragios obtenidos a favor en los comicios de 2005.
Así, para sacar de su cargo al presidente sería necesario casi un 54 por ciento de votos en contra, mientras que para prefectos como el de La Paz bastaría con alrededor del 38 por ciento, o del 48 en el caso de los gobernadores de Cochabamba y Santa Cruz.