La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ratificó el sobreseimiento definitivo del titular de la Cámara de Diputados, Víctor Alcides Bogado. Declaró inadmisible el recurso extraordinario de casación que planteó la fiscala Irma Llano, que interinaba a su colega Arnaldo Giuzzio.
Con ello, la resolución queda firme debido a que era el último recurso que tenía la Fiscalía para intentar el juzgamiento del legislador colorado.
El parlamentario fue imputado, seis años atrás, por un presunto perjuicio de más de G. 6.000 millones durante su gestión como presidente de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel).
Los ministros Alicia Pucheta de Correa, Sindulfo Blanco y Víctor Manuel Núñez, votaron por declarar inadmisible el recurso planteado por la agente del Ministerio Público.
Con ello, se ratificó la resolución del 26 de diciembre del 2011, dictado por el Tribunal de Apelación en lo Penal, Tercera Sala, integrado por los camaristas Agustín Lovera Cañete, Natividad Mercedes Meza y Mirtha González de Caballero.
Estos, a su vez, habían ratificado la resolución del 15 de noviembre del 2011, del juez de Garantías Hugo Sosa Pasmor, por el cual se sobreseyó definitivamente al legislador.
EL CASO. La imputación contra el legislador colorado data del 2006. Es por el supuesto pago indebido realizado por la Conatel, durante la administración del ahora titular de la Cámara Baja, a una empresa que no cumplió a cabalidad un contrato para la instalación de teléfonos públicos en el interior del país.
Según la pesquisa del fiscal Arnaldo Giuzzio, la Conatel hizo un pago inicial de G. 6.250 millones al consorcio Electro Import Impsal SA, tras la firma del contrato.
La otra mitad restante debía ser abonada por la institución estatal luego de la instalación completa de los teléfonos.
Según la investigación, a pesar de que los teléfonos no fueron instalados en su totalidad y de dictámenes técnicos que recomendaban no pagar la segunda mitad, Bogado, como presidente de la Conatel, ordenó abonar los restantes G. 6.250 millones.
En su defensa, Bogado había asegurado que existe un informe, que “desapareció”, de la asesoría jurídica de Conatel, que respalda el pago realizado.
PESQUISA. No obstante, la fiscalía entendió que se reunieron todos los requisitos para seguir con la investigación.
Sin embargo, el juez de Garantías Hugo Sosa Pasmor sobreseyó definitivamente al legislador por el supuesto delito de lesión de confianza el 15 de noviembre del 2011. Alegó que existía duda insuperable.
Giuzzio acudió al Tribunal de Apelación en lo Penal para revertir la decisión, pero apenas un mes y medio después, el 26 de diciembre del año pasado, ratificó el fallo.
De nuevo entonces la Fiscalía recurrió el fallo. Esta vez, a la Sala Penal de la Corte, a través del recurso extraordinario de casación, para anular los fallos.
INADMISIBLE. Los ministros Pucheta, Blanco y Núñez, al estudiar el recurso de la Fiscalía, señala que no fue fundamentado convenientemente, por lo que debía ser declarado inadmisible.
“El escrito prescindió de una argumentación razonada que demuestra la afectación concreta o algún acto concreto de la persecución penal, que halla viable el estudio del fondo del asunto”, argumenta.
Con ello, por decisión unánime, los ministros coinciden en declarar inadmisible el recurso de la Fiscalía, y con ello, ratificar el sobreseimiento del legislador colorado, actual titular de la Cámara Baja.
FISCALÍA SOSTUVO QUE CAMARISTAS SE EQUIVOCARON
La fiscala Irma Llano señaló al plantear su recurso de casación, que se aplicó mal la ley, en el sobreseimiento del imputado legislador colorado.
También que se había errado al aplicar el artículo del Código Procesal Penal, en lo que se refiere al desafuero del legislador.
Según la Corte, en todo el desarrollo de sus argumentos, la agente “se abocó a pretender demostrar la existencia de un fallo infundado, por la errónea aplicación de preceptos legales de forma”.
Además, que en todo caso, lo que los camaristas debieron ver era la violación del plazo razonable, por lo que debía haber enviado el expediente al fiscal general del Estado, y no sobreseer al procesado.
Pidió anular las dos resoluciones que favorecieron al parlamentario.