Los establecimientos de controles precarios, la falta de presupuesto, corrupción y complicidad de las autoridades facilitan la ruta del crimen organizado en la frontera.
Los puntos frágiles se sitúan en Ciudad del Este, en el Departamento de Alto Paraná, zona de la Triple Frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina, donde operan bandas criminales como PCC. En tanto, en Amambay, la frontera seca entre Pedro Juan Caballero y Ponta Porã es un territorial donde operan clanes mafiosos. Las zonas boscosas de ese departamento son deforestas en partes para el cultivo de marihuana.
Salto del Guairá, Departamento de Canindeyú, es otra zona donde opera el crimen organizado. Además, varios informes citan el uso de la hidrovía Paraguay-Paraná para transportar drogas hasta Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.
Se puede resaltar también que hasta que el momento Paraguay no cuenta radares para supervisar el tráfico aéreo.
No obstante, la vulnerabilidad de los controles está en la infraestructura deficiente de los puestos de controles y las comisarías que se encuentran precarizadas ya que no se les asigna un presupuesto y las condiciones mínimas para un mejor funcionamiento. No cuentan con equipamientos, patrulleras y combustible suficientes para hacer los controles. Los mismos agentes deben obtener por su cuenta esos bienes a través de los “patrones”.
corrupción institucionalizada. “Hay un problema estructural de fondo, que es la falta de presupuesto y esto alienta a la corrupción, una corrupción institucionalizada. A eso hay que agregar que los directores de Policía exigen una determinada suma de dinero a los jefes, quienes deben conseguir de los ‘patrones’”, explicó el abogado y criminólogo Juan Martens.
De esta forma, sintetiza que todo el aparato institucional está al servicio del crimen organizado.
“La falta de asignación presupuestaria, les hace particularmente vulnerables ante el crimen organizado que dispone de mucho dinero y pone al servicio una ingente cantidad de dinero incluso para cubrir gastos propios del funcionamiento de las comisarías destacamentos militares”, indicó Martens. Precisó que urge una reingeniería del presupuesto para dotar de las condiciones necesarias a los agentes.
Por otro lado, mencionó que en nuestro país hay una cultura institucional corrupta acostumbrada a recibir dinero del crimen organizado y por lo tanto debe haber señales claras desde el poder político y de la administración central de que esto no se va a tolerar.
“Hay que trabajar en la depuración de las filas, en la concientización de la importancia del cumplir eficiententemente la labor y empezar a controlar el dinero y los bienes que ostentan las autoridades”, aconsejó.
