La corrupción no mata fue uno de los argumentos para proponer una ley de premiación a los corruptos que sean descubiertos. Esta norma eliminará cualquier freno a los corruptos, ya que no tendrá costo para el delincuente robar recursos públicos. A diferencia de la ciudadanía que sí sufre el perjuicio y sí paga hasta con su vida el precio de la corrupción.
El ejemplo más claro fue justamente esta semana con dos gobernadores declarados culpables de desviar fondos públicos dirigidos a proyectos de alimentación escolar y agua potable en un departamento con una importante población indígena y en situación de pobreza. En un país con altos niveles de desnutrición infantil y mortalidad por falta de agua potable, robar estos recursos literalmente mata. Ni mencionar el pago de alimentos y obras de infraestructura con sobrecostos o el robo directo de medicamentos para entregarlos en campañas proselitistas, acciones normalizadas en gran parte de las instituciones públicas que quedan impunes en la mayoría de los casos.
Una forma de corrupción igualmente normalizada, pero menos visible para el ciudadano común, es las puertas giratorias. Es decir, los funcionarios que rotan del sector privado al público o viceversa. El discurso con connotación positiva es el de tecnócratas que entran al servicio civil para llevar las buenas prácticas de eficiencia a las instituciones estatales; sin embargo, en realidad, terminan siendo casos de acceso a información privilegiada que luego se transforman en asimetrías de información cuando vuelven al sector privado. El tráfico de influencias es otra de las consecuencias negativas potenciales de esta práctica.
En abril de este año el Poder Ejecutivo finalmente promulgó la ley “Que establece el régimen de prevención, corrección y sanción de conflictos de intereses en la función pública”, conocida como puertas giratorias. Esta ley impide, entre otras cosas, que cualquier funcionario público que haya tomado decisión con respecto a ciertas áreas después de salir del poder sea contratado o trabaje en las áreas donde influyó como autoridad por el lapso de un año. Esta normativa está siendo modificada en el Parlamento para dejarla sin contenido real y posibilitar que esta práctica corrupta continúe vigente sin ser penalizada.
El partido oficialista en el Parlamento está utilizando su mayoría absoluta para hacer retroceder al país en el control y penalización de la corrupción. Esta actitud es claramente antidemocrática porque perjudica a la gran mayoría de la población, dejando el manejo de los recursos públicos a la discrecionalidad y el manejo arbitrario de una minúscula parte de la población vinculada mayoritariamente a un partido político.
Este tipo de normativas obstaculiza cualquier posibilidad de crecimiento sostenible, desarrollo nacional y gobernabilidad. Si gran parte de la población ya cree que se gobierna para unos pocos, estos cambios profundizarán estas percepciones, dando lugar a una mayor desconfianza y disconformidad social, factores que ponen en riesgo la paz social.
Ante la clara conducta inaceptable de un Poder Legislativo sin compromiso con la calidad de vida de su población y el desarrollo del país, esperemos que el Poder Ejecutivo vete cualquier retroceso normativo. También es imperativo que el sistema judicial actúe de manera implacable con los casos de corrupción, tal como lo ha hecho esta semana. La impunidad es un gran incentivo para las conductas corruptas.