No se descarta que otras obras también muestren deficiencias, ya que se tomaron solamente dos obras como muestreo para una fiscalización inmediata que duró unos 45 días.
“Para mí es un despilfarro”, dijo el ingeniero Derlis Cabrera, quien estuvo a cargo de auditar esas obras y mencionó la descoordinación ineficiente por superposición de trabajos de otros contratos implicando un desperdicio de tiempo y daño patrimonial por G. 54.738.317.
En ese sentido, relató que seis meses después de haber culminado la bicisenda, se realizó un recapado sobre varios tramos de la bicisenda, taponando todo el trabajo anterior. La obra fue iniciada con la contratación de la empresa LS para la ejecución de G. 1.006.152.560 y culminó en diciembre del año pasado.
La denuncia de la Contraloría también señala que hay diferencias entre las cantidades de obras pagadas y las realmente ejecutadas, las cuales totalizan un daño patrimonial de G. 284.261.361.
Cabrera destacó que ese faltante se calculó en base a los materiales declarados como utilizados que finalmente no fueron hallados, como la cantidad de tachones, basureros, pinturas laterales, pinturas termoplásticas entre otros.
En cuanto al Paseo de las Luces, se contrató a la empresa ALPE SA por G. 3.027.611.120.
Se verificó que la provisión y el montaje de los tableros eléctricos no se adecuan a las especificaciones técnicas, lo cual podría llevar a confusión y errores en la manipulación de los cables, representando un riesgo para la seguridad.
También se encontraron diferencias entre las cantidades pagadas y las realmente pagadas. “Hay menor cantidad de cables, de faroles, focos, pisos y otros materiales, de lo que realmente se pagó”, dijo Cabrera.
Resaltó que hay un faltante de hormigones que apuntalan los faroles, los cuales tienen un alto costo por metro cúbico. Se encontraron 20 metros cúbicos, cuando debía haber 130 metros cúbicos.
“Ambas obras presentan faltantes pero se pagó por todo”, indicó.
Bonos. Otra denuncia habla de un perjuicio económico de G. 176.013.051.277, pudiendo ser ampliado por el Ministerio Público conforme avance su investigación respecto de las demás observaciones del equipo auditor.
Esta denuncia hace referencia a las resoluciones aprobadas por la Junta Municipal de Asunción, que fueron emitidas en contraposición a lo que establece la Ley Orgánica Municipal.
En ese sentido se menciona que la Junta resolvió financiar gastos con la emisión de Bonos Municipales por un total de G. 4 mil millones y decidió que los fondos provenientes de la emisión de dichos bonos además de que sean destinados al financiamiento del programa de inversión institucional, puedan también ser colocados como garantía prendaria para préstamos a corto plazo.
La Municipalidad no elaboró planes de inversión que justifiquen el endeudamiento público mediante la emisión de Bonos Municipales y no realizó estudios de factibilidad y viabilidad de las inversiones financiadas con la emisión de los Bonos Municipales.
En total, el resultado de las auditorías arrojó un posible daño patrimonial de más de G. 344.000 millones.
Una denuncia contra la gestión de Rodríguez como presidente de la Junta Municipal, habla de un perjuicio patrimonial de G. 36.319.666.117 y hace referencia al hecho que la Junta Municipal oficia de ordenador de gastos, constituyéndose en una entidad administrativa autónoma a la Administración Municipal, fuera de las atribuciones constitucionales, constituyéndose en un Ejecutivo paralelo.
También se detectó que funcionarios perciben beneficios que no le corresponden y otros poseen marcación diferenciada sin cumplir con los requisitos.
509.380
millones de guaraníes totalizan el daño patrimonial detectado en dos obras de la Municipalidad de Asunción.
