No caben dudas de que la irrupción del crimen organizado y los ataques de sicarios que en el último año ha ido creciendo en el país son un motivo de gran preocupación. La ciudadanía tiene la certeza de que en algún momento podría llegar a convertirse en una suerte de daño colateral, particularmente cuando es sabido que narcos y delincuentes circulan libremente por nuestras ciudades, mezclados con la población. Después del atentado sucedido hace poco más de un año en un concierto en la ciudad de San Bernardino, donde fue asesinada Cristina Aranda, y tras el atentado de sicarios contra el presunto narcotraficante Ederson Salinas Benítez, en el estacionamiento de un supermercado en un barrio de Asunción, sin dudas se ha tomado conciencia del peligro que supone la abierta infiltración del crimen organizado y el narco en nuestra vida cotidiana.
De la misma manera se entienden las consecuencias de que el dinero sucio de todos los negocios ilegales se haya filtrado a la actividad política, comprando candidaturas y escaños para luego influir directamente en las decisiones del Estado.
No obstante, pese a que todo eso supone un grave peligro para el sistema democrático, el ciudadano común es muy consciente al mismo tiempo de que ni dentro de su vivienda, ni en la calle ni el transporte público podrá estar seguro.
Las noticias a diario informan sobre la situación de inseguridad. Un día es una joven madre que cargaba a su pequeño bebé en brazos, que fue asaltada por motochorros en pleno microcentro de Asunción; y pobladores de un populoso barrio que reclaman la inacción de la autoridades policiales ante la ola de robos y asaltos que se producen en el vecindario. La delincuencia cotidiana de la que somos víctimas no tiene límites, como cuando atacan a un grupo de niños que juegan en la vereda de su casa o cuando una familia es tomada de rehén en su propia vivienda por delincuentes que ingresaron a robar.
En Asunción, en el área metropolitana, en el Departamento Central y en todo el país, la población vive a diario similares experiencias. La población está cansada de esta situación y de tener que vivir encerrada ante tantos peligros. Incluso las actividades más normales para la gente se ha convertido en potencialmente peligrosa, como salir a caminar por el barrio, aguardar el transporte público o caminar un par de cuadras al regresar del trabajo.
La ciudadanía se encuentra abandonada a su suerte, como el caso reciente de una mujer que fue víctima de un asalto a mano armada por parte de motochorros, quienes se llevaron su motocicleta. Ella ahora organiza una rifa para pagar las cuotas de su medio de transporte, el cual le es necesario para trabajar de delivery y poder así solventar los gastos de enfermedad de su padre. Sin poder acceder a derechos básicos como la salud y la seguridad, la ciudadanía se encuentra impotente.
Los paraguayos no debemos renunciar a nuestro derecho a vivir una vida digna. Esto es, poder desarrollar nuestras actividades en entornos seguros, compartir con la familia o dirigirse al estudio o al trabajo con la tranquilidad de que nadie sufrirá un asalto o será testigo de la ejecución de un narco cuando va al supermercado. La solución no puede ser encerrarse cada uno en su vivienda ni vivir con desconfianza; es preciso que las autoridades tomen en serio la gravedad de la situación e implementen acciones para ofrecer respuestas a una ciudadanía que ya está harta.
No se puede normalizar la violencia, y hacia esto nos dirigimos si, además, no se toman medidas ante la falta de credibilidad de las autoridades.