Los nombres y las fotos de los 44 están en la portada de la edición de la víspera de este diario, con un título que reza: “¡Dan más vergüenza que nunca!”. Es para recortar la tapa y pegarla en algún lugar bien visible, para que esté siempre disponible como un recordatorio, especialmente en la próxima oportunidad en que haya que ir a votar.
Para no olvidar por qué la Cámara de Diputados del Paraguay mantiene la bien ganada triste fama de Cámara de la Vergüenza.
Esta vez se pasaron de caraduras. Ni siquiera el calvario que hoy vive gran parte de la población ante la pandemia del coronavirus impide a una banda de políticos a seguir buscando impunidad para sus fechorías. No les importan la situación de los miles de ciudadanos que han debido cerrar sus comercios, ni los trabajadores que se han quedado sin empleos y fuentes de ingreso, ni las familias que deambulan pidiendo un plato de comida en las ollas populares solidarias.
Sin ningún desparpajo, los 44 dijeron sí por segunda vez al proyecto de ley que mantiene en secreto las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios públicos y las autoridades electas, negando las leyes que garantizan el libre acceso a la información pública y la debida transparencia de quienes manejan el dinero de la ciudadanía, sino que además hace que los datos falsos en las declaraciones juradas de bienes ya no puedan ser penados por la ley. Es decir, de este modo garantizan la impunidad para enriquecerse ilícitamente desde las instancias del poder, y buscan que los numerosos casos de legisladores y funcionarios investigados por hechos de corrupción puedan quedar librados de rendir cuentas ante la Justicia.
De este modo, casos como el del ex presidente de Diputados Miguel Cuevas (ANR, abdista), el senador Javier Zacarías Irún (ANR, cartista) o el ex senador Óscar González Daher (ANR, cartista), procesados por supuestamente mentir en sus declaraciones juradas, entre otros delitos, podrían quedar impunes. Y los muchos casos que se buscan trasparentar, pidiendo que las declaraciones juradas dejen de ser el secreto mejor guardado y se expongan a la transparencia, también serían cubiertos por un nuevo manto de impunidad.
La promesa hecha ayer por el presidente de la República, Mario Abdo Benítez, de que vetará el proyecto de ley si es que realmente despenaliza la información falsa de los bienes, ya que desvirtúa la esencia de este instrumento jurídico democrático, permite tener algún alivio. La ciudadanía debe permanecer pendiente de lo que ocurra con esta nueva ley sancionada por diputados y principalmente no olvidar a estos bandidos, caraduras y sinvergüenzas para las próximas elecciones.
