El ministro de la Corte Suprema de Justicia, Víctor Ríos, comentó que el trabajo se desarrolla de forma coordinada entre ambas instituciones, y que la finalidad es lograr la transparencia de la gestión.
Indicó que la Corte abrió incluso su base de datos a la Contraloría, que hace un control aleatorio. “Se va a controlar lo que la Contraloría quiera. Entonces, incluso la Corte le permite el acceso a sus documentos”, manifestó Ríos, para dejar en claro que los controles avanzan también en altas esferas.
Los funcionarios de la Contraloría se instalaron en la Corte para llevar a cabo los trabajos.
En caso de que la verificación arroje inconsistencias, que es potestad de Contraloría, y no haya explicación justificada, la institución podrá derivar al Ministerio Público los casos.
Los ministros de la Corte llevan tiempo coordinando junto con el contralor Camilo Benítez las estrategias para un mejor proceso de evaluación. En su momento, Benítez pidió un acceso más rápido a los Registros Públicos como condición para realizar el trabajo. “Se abordó la propuesta de la Corte de exigir a los magistrados judiciales que obtengan su examen de correspondencia antes de ser confirmados en sus cargos. Será un cambio pragmático para la Justicia en Paraguay”, manifestó el contralor al inicio.
Escándalo por estafa. Recientemente,se inició una investigación de un esquema de estafa en el que abogados adquieren pagarés cancelados y no retirados, que son reutilizados para descontar salarios a víctimas, cobrando doblemente la deuda, vía judicial.
El caso fue denominado como “la mafia de los pagarés”.
Ante la gravedad de los hechos denunciados, los ministros dispusieron que, como medida de control, corresponde remitir a la Contraloría la nómina de los jueces de Paz de la capital, así como la nómina de funcionarios de los juzgados, a los efectos de realizar un examen de correspondencia de bienes.
Además de la auditoría de la gestión de los nueve jueces de Paz de Asunción, la Corte ordenó que los ujieres Osvaldo Vera, Miguel Ángel Rolón Recalde, Pablo Matías Cabrera Irigoitia y Mariam Adelaida Ortiz Aquino, Heber Hernán Cardozo Areco y Líder Rodrigo Benegas pasen a disposición del Departamento de Personal.
Además, se ordenó el control de la marcación de los funcionarios, incluidos jueces de todos los juzgados de Paz de Asunción.
Pese a las medidas adoptadas por la Corte, las víctimas de la mafia de pagarés califican de que se trata de una disposición “tibia” ante las denuncias realizadas y aguardan que se haga justicia y que todas las personas involucradas en el esquema paguen por los daños ocasionados.
Para el abogado Guillermo Ferreiro, no es suficiente intervenir solamente tres juzgados de Paz de la capital debido a que todos los juzgados de Paz de Asunción, Central y Bajo Chaco, entre otros, están involucrados en el esquema corrupto de doble cobro.
“La Corte tiene demasiada responsabilidad, que ahora dispone una auditoría de reacción inmediata si hace años que se viene denunciando los casos y la Corte no dice nada. ¿De reacción inmediata por qué? Ante el escándalo mediático que hubo”, expresó el abogado de las víctimas del esquema.
