Por Rino Giret
rgiret@uhora.com.py
Cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía. Algo similar es lo que ocurre con la Caja Paraguaya de Jubilaciones y Pensiones de la Itaipú Binacional (Cajubi), que afanosamente pretende ahora suscribir un nuevo contrato laboral con el abogado y exfiscal Rafael Fernández, a quien en mayo pasado ya había contratado por 4 millones de dólares para iniciar acciones legales o extrajudiciales tendientes a la recuperación de los más de cien millones de dólares que la previsional remesó al exterior como supuestas inversiones. Lo curioso del caso es que en el nuevo contrato, la Cajubi redujo de 4 a 2 millones de dólares los honorarios del abogado.
El pasado 18 de mayo, la Cajubi y Fernández suscribieron un primer contrato que generó polémica porque fue considerado leonino y casi delictual por el actual director jurídico de Itaipú, Eusebio Ramón Ayala. Se establecían allí honorarios por 4 millones de dólares, a ser pagados por la binacional, y el cobro de una comisión de 7,5% del monto recuperado. 121 millones de dólares de la previsional están en riesgo porque aún no fueron recuperados de presuntas inversiones realizadas en Estados Unidos, Canadá, Panamá y Reino Unido. Es decir, solo en comisión, el citado abogado podría cobrar hasta otros 9 millones de dólares.
“EN REVISIÓN”. Cuando este diario publicó el pasado 5 de agosto pormenores del polémico contrato, automáticamente el presidente de la Cajubi, Gustavo Paniagua, salió a anunciar ese día que dicho acuerdo contractual sería sometido a revisión, pese a haberlo defendido. Dicho contrato fue firmado cuando al frente de la Dirección Jurídica de Itaipú se encontraba Diego Bertolucci, durante el gobierno de Fernando Lugo.
Tras el cambio de gobierno, la actual cúpula de Itaipú rechazó y denunció el contrato firmado con el exfiscal, quien al suscribir el documento en mayo ya percibió 500.000 dólares. Esto generó un impasse sobre la actuación de Fernández como representante legal de la Cajubi ante las cinco causas judiciales que se tramitan en Paraguay contra los responsables de las millonarias remesas al exterior, once exdirectivos de la previsional que se encuentran imputados. Cajubi remesó en total 176 millones de dólares al exterior en supuestas inversiones, de los cuales ya fueron recuperados 54 millones.
El jueves pasado, el Consejo de Administración de la Cajubi acordó presentar al director paraguayo de Itaipú, Franklin Boccia, el nuevo contrato para ser suscrito con Fernández. Paniagua explicó ayer a ÚH que se trata de una propuesta que mañana será presentada a Boccia, quien debe aprobar el documento teniendo en cuenta que es Itaipú quien financia la contratación de Fernández.
Curiosamente, el nuevo documento, al que tuvo acceso ÚH, cambia radicalmente los términos con relación al anterior contrato, lo que lleva a confirmar que el acuerdo suscrito en mayo pasado era efectivamente leonino y más que favorable para el exfiscal y para quienes estén tras él.
En el nuevo contrato ya no se habla de recuperación de los fondos y circunscribe las acciones legales al ámbito nacional y, particularmente, al fuero penal. Establece una serie de valores en dólares por cada etapa procesal que se vaya alcanzando en cada una de las cinco causas. Por ejemplo, por la obtención del acta de acusación fiscal contra los responsables de la presunta estafa contra la Cajubi, Fernández percibirá 15.000 dólares por cada proceso; por la obtención de la sentencia condenatoria cobrará 70.000 dólares, por cada causa. El documento deja en claro que en ningún caso el valor total del contrato podrá exceder los 2.000.000 de dólares. Aún así, es demasiada “limosna”.
PARAGUAY
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