Era algo que debía haber sucedido hace tiempo.
El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados resolvió someter a juicio al juez penal de Ciudad del Este, Marino Méndez, por mal desempeño de sus funciones. La denuncia que ahora será investigada es de fines del año pasado y es solo una más de un rosario de actuaciones complacientes con el clan Zacarías Irún–McLeod. Su lealtad a ese grupo político desde su cargo de magistrado era enervante.
Cuando la ex intendenta de Ciudad del Este, Sandra McLeod, intentaba evitar su destitución en un extraño juego de renuncias y retiros de las mismas, el juez Marino le concedió solícitamente un amparo que pretendía impedir que la Junta Municipal trate el tema.
Siendo un juez de adolescencia se metió de cabeza en una materia que compete a la Justicia Electoral, según lo establece de forma clara el artículo 134 de la Constitución Nacional.
Hace pocos días el juez Méndez rechazó el pedido planteado por los fiscales de la Unidad de Delitos Económicos, quienes pidieron la reapertura de una investigación por enriquecimiento ilícito contra los Zacarías Irún, que había sido desestimada por prescripción. Sandra, mediante un acto administrativo, había designado a su esposo como asesor ad honórem de la Municipalidad, tiempo en el que el ahora senador declaró una fortuna de casi G. 30.000 millones. Méndez apeló a la ley del funcionario público para sostener que Zacarías Irún no ejerció ningún cargo público hasta el día que asumió como senador.
El tema podría ser discutible desde lo jurídico, pero ya estaba definido políticamente cuando la Corte Suprema de Justicia determinó que el caso debía ser estudiado en la circunscripción del Alto Paraná. Allí la Justicia está sometida al clan desde hace décadas. Para asegurarse el cumplimiento del nuevo pacto político, el caso terminó en manos del más amigo de todos los jueces.
Marino Méndez es leal, sin dudas. A mediados del año pasado desestimó una denuncia por el desvío de unos G.12.000 millones, provenientes de la recaudación por estacionamiento controlado en el microcentro de la capital departamental. Ahora que se conoce que el esquema de corrupción montado con el estacionamiento era verídico, ¿no le indigna la obsecuencia de este señor?
Tiempo antes Marino ya había ocupado los titulares de diarios al integrarse al grupo de los llamados jueces mordaza del Alto Paraná que pusieron de moda la censura previa. Una joven filmó y denunció el acoso sexual al que la sometió un directivo de una universidad y el magistrado otorgó al acosador una medida cautelar que prohibía a los medios de comunicación que mencionen su nombre o difundan el video.
El Jurado de Enjuiciamiento inexplicablemente lo enjuició, sin suspenderlo. No se animaron a tanto. Seguirá impartiendo justicia mientras es investigado. Pero algo me dice que es el comienzo del fin de un miserable blindaje mutuo entre jueces y políticos.
