A pesar de las constantes denuncias periodísticas y de las activas movilizaciones ciudadanas que están logrando que políticos y las autoridades acusadas de corrupción sean obligadas a renunciar de sus cargos y sean procesadas por la Justicia, siguen apareciendo nuevos casos que demuestran que los involucrados no les temen a las sanciones y esperan que sus actos sigan protegidos por la impunidad.
Desde el lunes, este diario inició una nueva serie de reportajes investigativos que afectan al diputado por Paraguarí, Tomás Éver Rivas, que en febrero de 2017 ya había sido denunciado en Última Hora por hacer figurar como funcionarios de la Cámara Baja a tres empleados particulares suyos y fue imputado por la Fiscalía por los delitos de cobro indebido de honorarios, estafa, expedición de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso y uso de certificados sobre méritos y servicios de contenido falso.
Hasta ahora, solo sus empleados han podido ser procesados, ya que Rivas no ha renunciado a sus fueros y sigue protegido por sus pares, habiéndose postergado el dictamen sobre el pedido de desafuero presentado por la Justicia.
En la actual serie investigativa, se sostiene que más de una decena de familiares y allegados al diputado Rivas recibieron viviendas subsidiadas en un 95% por la Senavitat (hoy Ministerio de Urbanismo Vivienda y Hábitat - MUVH), a pesar de que son empleados estatales y además cuentan con salarios ampliamente superiores al mínimo, lo cual impide que puedan beneficiarse con los proyectos de casas destinadas a personas humildes.
La investigación de ÚH demuestra documentadamente que de unas 40 viviendas construidas como parte del proyecto Luna Park de la Senavitat, iniciada en 2015 en Ybycuí, Departamento de Paraguarí, más de 10 casas les fueron otorgadas a los parientes y operadores políticos de Rivas y de su esposa, María del Carmen Benítez Díaz, actual intendenta de Ybycuí. Las viviendas están ubicadas a metros de la residencia del diputado y la jefa municipal.
Los allegados al clan Rivas que fueron beneficiados ya eran empleados estatales en el 2015, según registros de la Secretaría de la Función Pública. La resolución por la cual fueron adjudicados con las viviendas es de diciembre de 2015.
Este nuevo hecho denunciado periodísticamente debe ser investigado debidamente por la Fiscalía y, en caso de comprobarse el delito, buscar que sus autores sean debidamente sancionados por la Justicia. El hecho puede significar otra grave falta del legislador por Paraguarí, que hasta ahora está logrando burlar la acción del sistema judicial.
Resulta verdaderamente indignante que políticos aprovechadores se adueñen de viviendas destinadas para familias de escasos recursos, desviando valiosos recursos del Estado en beneficio propio y restando oportunidades de tener una casa propia a quienes realmente la necesitan.