La Comisión Europea define el gobierno electrónico como “el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en las administraciones públicas, combinado con cambios organizativos y nuevas capacidades, con el fin de mejorar los servicios públicos y los procesos democráticos”.
Se trata por supuesto de aprovechar el inmenso poder de la tecnología para aumentar de manera significativa la eficiencia en tantos procesos, pero también es un elemento clave en la lucha contra la corrupción, un verdadero cáncer para cualquier democracia.
Cuando los administradores públicos, en todos los niveles, cuentan con un alto grado de discrecionalidad en la toma de decisiones, y además en un marco de opacidad y sin necesidad de rendir cuentas, las oportunidades para la corrupción son enormes y lo hemos visto repetidas veces en cientos de ocasiones.
Esto ocurre ampliamente en cuestiones tan simples como pagar una tasa municipal como en grandes licitaciones públicas de millones de dólares.
El tema es que precisamente la incorporación agresiva de una agenda digital, orientada hacia esta lógica del gobierno electrónico, nos puede dar una mano gigantesca en esta lucha contra la corrupción, pues casi automáticamente se crean esquemas de mayor transparencia y menor discrecionalidad.
Esto va a generar a su vez la necesidad de cambios organizativos en la burocracia estatal, en la búsqueda de nuevas capacidades para satisfacer la creciente demanda de calidad de servicio por parte de la ciudadanía.
Y todo ello nos va a llevar necesariamente a un mejor funcionamiento del Estado, con consecuencias directas en la calidad de vida de las personas.
Lógicamente estos cambios o disrupciones que se generan a partir de nuevos procesos basados en lo digital van a activar una serie de resistencias por parte de colectivos, que van a sentir una enorme pérdida de poder.
Ese plus de influencia que proviene precisamente del manejo arbitrario y poco transparente de procesos que se han ido construyendo de manera perversa durante décadas.
A dichas resistencias hay que combatirlas con mucho coraje y decisión, y en los casos más emblemáticos se precisa la decisión política del más alto nivel.
Aunque muchas veces parezca que todo el tema de corrupción es un mal culturalmente arraigado en nuestra sociedad, no es menos cierto que existe una creciente demanda ciudadana por mayores esquemas de transparencia y rendición de cuentas.
Hay que entender esos momentos de la dinámica social, en donde el verdadero hartazgo hacia determinadas formas de funcionamiento, generan ventanas de oportunidad para impulsar y acelerar cambios significativos en la forma de operar.
Estamos en ese tipo de momento histórico en la sociedad paraguaya. Debemos aprovecharlo para promover cambios que mejoren ostensiblemente la eficiencia del Estado y al mismo tiempo rescaten los valores democráticos.
Si miramos a la región, vemos que estamos realmente atrasados en todo lo que implica esto del gobierno electrónico y no podemos perder más tiempo en ese sentido.
Los beneficios que nos traerá la incorporación de una verdadera y profunda agenda digital son enormes en muchas áreas y, por lo tanto, debe recibir la máxima atención y prioridad por parte del Gobierno.
En definitiva, se trata de un camino irreversible en el mundo que vivimos actualmente, pero ya estamos muy atrasados y debemos acelerar la marcha para ir cerrando brechas.
Desde el sector privado y la sociedad civil, debemos controlar todo el proceso de implementación de la agenda digital, pero con altos niveles de ambición en cuanto a su alcance y exigiendo su inmediata ejecución, moleste a quien moleste.