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Kirchner acude a la Justicia antes de asumir vicepresidencia

 

Por primera vez en Argentina, una vicepresidenta electa, Cristina Fernández, se sentó en el banquillo de los acusados para declarar en su primer juicio por presunta corrupción, en el que volvió a acusar al Gobierno saliente de Mauricio Macri de impulsar una persecución judicial contra ella.

La expectación que rodea la llegada a los tribunales de la líder kirchnerista, procesada en varias causas por presuntos delitos durante su mandato como presidenta (2007-2015), se acrecentó ayer al ser la primera vez que acude tras ganar el 27 de octubre las elecciones junto a su candidato a presidente, el también peronista Alberto Fernández.

“Esta causa no tiene sustento”, aseveró la imputada ante los magistrados del Tribunal Oral Federal 2 de Buenos Aires, en una exposición que duró más de tres horas y que contó entre el público con simpatizantes, como algunas Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.

En el juicio, que inició el 21 de mayo pasado –apenas tres días después de que Cristina anunciara su candidatura electoral– y en el que la ex mandataria no fue citada a declarar hasta hoy, Fernández hizo una férrea defensa de su gestión y la de su difunto marido, el ex presidente Néstor Kirchner (2003-2007).

Ambos están acusados, junto a otros imputados, de liderar una asociación ilícita y de fraude en la concesión de obras, por supuestamente direccionar contratos a un amigo de Kirchner, el constructor Lázaro Báez, ya detenido desde 2016, para “apoderarse ilegítimamente” de millonarios fondos mediante licitaciones irregulares.

NEGACIÓN. ”Un mes antes del cierre de listas, me sentaron en el juicio oral por corrupción por la obra pública, lawfare (judicialización de la política) puro”, expresó en su disertación, en la que insistió que es víctima de un “plan sistemático” de persecución judicial y mediática.

La vicepresidenta electa, que asumirá el cargo junto a Fernández el próximo 10 de diciembre, refutó las acusaciones y reiteró que en múltiples audiencias y escritos pidió que se audite toda la obra pública del país, algo que se le denegó “sistemáticamente”.

La causa que la sentó en el banquillo tiene como origen una denuncia en 2008. La investigación apunta a que se ideó un plan en la provincia de Santa Cruz –de la que Kirchner fue gobernador de 1991 a 2003– para el manejo “fraudulento” de fondos en favor de las empresas de Báez, que resultaron adjudicatarias de casi la totalidad de las obras viales licitadas en esa provincia.

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