Una gran cantidad de leyes existen para garantizar que recursos como el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide) sean utilizados a favor de la ciudadanía. Las leyes no solo establecen el destino y los resultados que deben tener los fondos, sino también los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia y las penalidades por su mal uso.
Hay muchos responsables de esta situación. Intendentes, gobernadores y concejales deben garantizar el buen uso en las comunidades. El Ministerio de Hacienda tiene la competencia de evaluación, mientras que la Contraloría General de la República la de control. El Poder Judicial debe penalizar en el caso del mal uso y el Poder Legislativo cambiar las normas que sean necesarias cuando no funcionen. En todas estas instituciones existen personas que, ya sea por la vía electoral o por la vía del servicio civil, son responsables. Todas deben hacer que los recursos sean bien utilizados.
La ciudadanía hace rato tiene la impresión de que esos objetivos no se están cumpliendo. Un reciente informe de la CGR muestra que, además del escaso efecto ya verificado por quienes habitan los distritos y departamentos, hay irregularidades de todo tipo, lo cual explica en parte la ausencia de resultados.
La Ley Orgánica Municipal les otorga a los municipios importantes competencias. Desde la protección a la niñez y adolescencia hasta el fortalecimiento de mpymes y de la agricultura familiar están dentro de su amplio margen de gestión.
La garantía de algunos derechos fundamentales como los de salud, educación y protección social exigen la participación tanto del Gobierno central como de los gobiernos locales. Las gobernaciones deben contribuir con su rol coordinador e integrador de las políticas que se desarrollen en cada uno de los departamentos.
A pesar de las importantes competencias, estas instituciones se han convertido, en su mayoría, en el peor ejemplo de ineficiencia, corrupción y pereza tributaria. Si las gobernaciones desaparecieran probablemente se notaría muy poco y las municipalidades se han convertido en parásitos que no solo no contribuyen a recaudar lo que deben sino que además gastan mal, en medio de corrupción e incapacidad de gestión.
Esta situación fue posible porque ni las instituciones cumplen con sus competencias ni las personas que están al frente, sean cargos de confianza o funcionarios de carrera, están comprometidas con el desarrollo del país. El Poder Judicial ha sido incapaz de penalizar la corrupción, mientras que el Poder Legislativo busca por todos los medios flexibilizar las normas y blanquear a sus propios integrantes.
El informe de la CGR debe generar evaluaciones serias desde el Poder Ejecutivo, investigaciones y juicios desde el Poder Judicial y análisis del marco legal y de su capacidad para desincentivar la corrupción en los gobiernos locales en el Poder Legislativo.
Los tres poderes del Estado deben actuar con urgencia para subsanar la situación, ya que de otra manera nos hundiremos como país económica, social y políticamente y quienes estén en este momento ejerciendo algún cargo deberán llevar consigo esta responsabilidad.
