Publicábamos recientemente sobre el caso del presunto desvío de los G. 3.700 millones del Ministerio de Agricultura, causa que se inició en el 2014 y culminó en la prescripción simple de los ex ministros Enzo Cardozo y Rody Godoy, además de once imputados, después de que se cumpliera el plazo procesal de más de cinco años. Esta no es la única causa que corre el peligro de prescribir. Una extensa y vergonzosa lista de procesos por hechos de corrupción pública llevan años sin ningún avance debido a las dilaciones. Algunos llevan años sin poder llegar a un juicio oral, y otros sin que se haya podido realizar ni siquiera la audiencia preliminar.
Durante la pandemia del Covid-19 hubo funcionarios acusados de malutilizar los recursos destinados a la población durante la crisis sanitaria. Uno de estos casos es el de la ex titular de Petropar Patricia Samudio, quien fue acusada de presuntamente sobrefacturar en la causa conocida como del agua tónica.
Tres años después de la acusación todavía no pudo hacerse la audiencia preliminar, la cual ya fue suspendida en seis ocasiones, e incluso el abogado fue sancionado por la Corte por las chicanas.
Otra de las causas es la del ex titular de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) Édgar Melgarejo, acusado en el caso conocido como de los tapabocas de oro. En su caso tampoco se realizó la audiencia preliminar, que fue suspendida en ocho ocasiones.
También hay políticos, que siguen ocupando cargos en el Gobierno, cuyos casos están siendo dilatados. Por mencionar, Óscar Rubén González Chaves, hijo del fallecido ex senador colorado, Óscar González Daher. El concejal municipal de Luque, pese a tener una condena por enriquecimiento ilícito, declaración falsa y lavado de dinero, sigue ocupando su concejalía y no ha pisado la cárcel.
Son conocidos asimismo los casos de los diputados colorados Miguel Cuevas, quien debe enfrentar juicio oral por enriquecimiento ilícito y declaración falsa, y Tomás Rivas, quien fue acusado el 22 de noviembre de 2019 por el caso de sus caseros. Sus empleados fueron condenados pero él logró ser absuelto en el 2021. La sentencia fue revocada y debe enfrentar nuevo juicio, lo cual hasta el momento no ha sido posible.
Este es el tipo de impunidad que se logra con las chicanas. Esa expresión que proviene del francés y que la Real Academia define como “artimaña, procedimiento de mala fe”; son precisamente esos procedimientos, esos guiños del Poder Judicial los que permiten que los abogados logren alargar indefinidamente los procesos.
Notablemente, y en una vuelta cuasikafkiana, se habla ahora de un proyecto de ley, conocido como Ley Antichicanas, el cual sin embargo hasta ahora no fue sancionado por el Congreso. Lo terriblemente irónico es que dicho proyecto está desde hace 4 años en la Comisión de Legislación de la Cámara de Senadores, y sigue sin ser tratado por los legisladores. Ese proyecto sería muy útil para hacer frente a las dilaciones que plantean los abogados. La Ley Antichicanas no va a eliminar todas las chicanas, solo la más recurrente, que es la recusación sin límite.
El Paraguay necesita una Justicia que deje de ser cómplice de la impunidad. La Justicia debe ser eficiente, especialmente para aquellas personas procesadas que viven en condiciones precarias, hacinadas en cárceles sin condena alguna, mientras condenados por corrupción pública se salvan gracias a una Justicia que es alevosamente parcialista y selectiva. La situación es intolerable, particularmente porque sin una verdadera Justicia no tenemos un Estado de derecho.
