Se trata de unas 8.000 firmas morosas publicadas por la oenegé Instituto de Derecho y Economía Ambiental (IDEA).
El amparo fue promovido por Mauricio Mathias González Pou, bajo patrocinio de la Clínica jurídica de la UNA y la oenegé citada contra IPS.
La resolución fue dictada por los camaristas Cristóbal Sánchez, Bibiana Benítez y Delio Vera Navarro, que revocó la sentencia del 31 de diciembre pasado, dictada por el juez Fabián Weisensee. Este había rechazado la garantía constitucional.
González Pou había solicitado el 9 de octubre de 2019, a través de la ley de acceso a la información pública, la nómina de empresas que incumplen, así como las políticas para evitar la evasión.
IPS no accedió al pedido y aquel acudió a la Justicia, pero el juez Weinsensee rechazó el amparo constitucional, lo que fue apelado.
Según el apelante, el juez analizó el caso como un amparo constitucional en su versión clásica, sin tener en cuenta que se trata de una acción judicial de acceso a la información, donde la acción ilegítima se da por la denegación de la información.
Además, que el solicitante no tiene obligación de justificar razones por las que pide la información pública. Con ello, pidió revocar el fallo.
Por su parte, la abogada del IPS, Nora Murdoch, señaló que ellos denegaron la información porque existe la imposibilidad legal porque se viola el derecho a la intimidad personal, protegida por la Carta Magna, por lo que era considerada confidencial.
Asimismo, apunta la abogada que el recurrente no justificó la necesidad de la información, y de esa manera justificar su derecho, que permita al IPS a suministrar la información. Al final, solicita que se ratifique la resolución.
EL FALLO. Los camaristas votaron de manera unánime. Cristóbal Sánchez, en su voto, remarca que es evidente que “no estamos ante un amparo tradicional, sino un amparo especial”, porque se refiere al acceso de la información.
Afirma que el IPS pertenece al Estado, y como tal la información era pública y de libre acceso.
Su colega Bibiana Benítez se adhirió. Además, citó la declaración de Derechos Humanos, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de San José, entre otros, que consagran el derecho de acceso a la información pública.
Delio Vera dice que el derecho a la información es un derecho humano, y que hay obligación de divulgar.
Ente analizará los pasos a seguir
El titular del IPS, Andrés Gubetich, indicó anoche a ÚH que aún la institución no recibió la cédula de notificación por mesa de entrada de lo resuelto en Tribunales.
“Tomé conocimiento del tema solo en redes sociales y algunas publicaciones, pero vamos a esperar a recibir la cédula de notificación y tomar conocimiento sobre el alcance de la resolución; y luego pediré un informe a la asesoría jurídica de la entidad, para conocer los pasos a seguir”, explicó al tiempo de adelantar que queda aún la instancia de la Corte Suprema de Justicia.
En la lista extraoficial de firmas morosas, aparecen las que más deben, como Exportadora Paraguaya de Carnes (Excapar), con G. 12.850 millones y Servicio Asistencia Seguridad Integral Águila SRL, con G. 7.725 millones; Azucarera Iturbe tiene una mora de unos G. 6.681 millones.
Entre las firmas de transporte, San José SA debe G. 6.347 millones, La Villetana SA con G. 5.460 millones y Ciudad Universitaria SRL, con G. 5.324 millones.
